El Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas se ha dado hoy seis semanas para decidir si es competente para juzgar el proceso por la demanda del presidente catalán Carles Puigdemont y los consellers en el exilio contra el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena.

La corte ha acordado asignar tres magistrados al proceso, como había solicitado el abogado de Llarena. Las partes ahora tendrán que presentar por escrito sus argumentos. La legislación belga prevé la sala de tres jueces para casos "complejos" y "excepcionales".

La defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido que Bélgica dictamine si es competente para juzgar el magistrado español antes de entrar en el fondo de la demanda contra él. La defensa del juez del Supremo, encabezada por el abogado, Hakim Boularbah, ha pedido, sin embargo, que la justicia belga dictamine si es o no competente para llevar el caso antes de entrar en el fondo de la cuestión.

Una vez intercambiadas las alegaciones, los tres jueces decidirán si fijan una vista para debatir exclusivamente sobre el límite de su jurisdicción, como pidió el abogado que representa al Estado español, Hakim Boularbah, o si en esta audiencia se debate sobre el fondo de la cuestión, como solicitan los demandantes.

Aún no se conoce la fecha para esta vista, calendario que se fijará una vez recibidos los alegatos de las partes. Sin embargo, el abogado que coordina la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, señaló que no tendrá lugar antes de 2019. Los demandantes sostienen que unas declaraciones del juez instructor de la causa del 1-O en Oviedo (España) vulneran su presunción de inocencia.

La defensa del Estado español, que se ha personado en la causa y sufraga los gastos de la defensa, considera que Bélgica no tiene jurisdicción para "juzgar las acciones de la justicia española". Puigdemont y demás demandantes (Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) reclaman un euro simbólico. El proceso en primera instancia podría demorarse varios meses o hasta un año, según varios expertos en derecho civil belga.