El juez que instruye el caso a Cursach, Miguel Florit, ha denegado la personación en la causa de revelación de secretos en Europa Press y en el Diario de Mallorca, así como a los periodistas a los cuales se confiscaron los teléfonos móviles y ordenadores, a la vez que ha asegurado que la entrega de todo este material a la Policía se hizo de manera "voluntaria" y "sin ninguna protesta" por parte de los afectados.

Además, reconoce que él mismo, en una resolución del 21 de diciembre pasado, dejó sin efecto la resolución del 11 de diciembre por la cual ordenaba la requisa de los teléfonos móviles de los dos periodistas. En un auto fechado de este jueves, el juez asegura que los periodistas "acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento de información sin manifestar ninguna protesta".

Es más, el titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma asegura que en las diligencias practicadas en la pieza abierta por revelación de secretos "no se ha producido ningún decomiso", sino que lo que hubo fue una "intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito, unos efectos que se encontraban al poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la causa".

En este sentido, insiste que, al no ser ni los periodistas afectados ni los medios por los cuales trabajan "perjudicados ni ofendidos por el delito que se investiga, ni responsables civiles y no consta que ejerciten o pretendan ejercitar la acusación popular o particular, no pueden tener la consideración de parte en este procedimiento".

Contra este auto cabe tanto un recurso de reforma ante el mismo Juzgado como de apelación ante la Audiencia provincial.

No hubo ninguna entrega voluntaria

En el caso de Europa Press, el pasado día 11 de diciembre tres agentes de la Policía Nacional y una funcionaria judicial se presentaron en la sede de la Delegación de las Baleares, en Palma, con una orden judicial y después de pedir a la delegada que abandonara su despacho, se quedaron con la periodista Blanca Pozo, encargada de la información de los tribunales, quién ha seguido durando varios meses el conocido como caso Cursach.

Los policías exigieron a la periodista toda la documentación relacionada con el caso de que estuviera en su poder. Blanca Pou se negó a entregarla, apeló reiteradamente a su derecho profesional a no revelar las fuentes y pidió contactar con los servicios jurídicos de Europa Press. Los policías le negaron esta posibilidad y amparándose en el mandato judicial, se llevaron el teléfono personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel.

Por lo tanto, Europa Press insiste que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica.

Lo juzga vuelve los móviles a los periodistas

El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha citado para este viernes a las 10.00 horas a los dos periodistas a los cuales la Policía requisó móviles, ordenadores y documentación, para hacerles entrega del material confiscada.

Así lo ha comunicado en una diligencia notificada este miércoles a los afectados, los redactores José Francisco Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press. De esta manera, el Juzgado respondía al escrito presentado por los periodistas, con el cual solicitaban que se los citara formalmente para la devolución de los objetos confiscados --dos teléfonos móviles, dos ordenadores corporativos y diversa documentación en papel-.

El caso Cursach

En el caso Cursach se investiga, entre muchas otras cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach, dominador durante décadas de la noche mallorquina.

La Policía Nacional detuvo el día 18 de diciembre, por revelación continuada de secretos en el caso Cursach, un inspector que fue responsable del grupo de blanqueo de la jefatura de las Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y otro agente que intervino en el caso.