El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado como investigados al secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y el director adjunto operativo de la policía española (DAO) de aquel momento, Eugenio Pino, en el marco de una presunta trama de extorsión al abogado Javier Gómez de Liaño con el fin de evitar que se hicieran públicas informaciones sobre la caja B del PP cuando este representaba al extesorero Luis Bárcenas.
Según ha adelantado eldiario.es, la decisión de García-Castellón se produce después de que Gómez de Liaño reclamara al magistrado de la Audiencia Nacional que los citara a declarar en la pieza número 36 del caso Tándem. El letrado pedía la comparecencia, aunque no especificaba si como investigados o testigos, de Francisco Martínez, Ignacio Cosidó, quien fue director general de la policía española, y el ex DAO Eugenio Pino. También solicitaba el testimonio del abogado Alejandro Auset Domper.
La pieza número 36 del caso Tándem
En esta pieza separada del caso Villarejo (la pieza número 36 del caso Tándem), se investiga si "personas vinculadas al PP" encargaron unos "servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luís Bárcenas, imputado por un procedimiento penal, y a su abogado defensor en este procedimiento, Javier Gómez de Liaño, que pudieran ser usadas para presionar a ambos y evitar que pudieran difundir datos comprometedores para este partido", tal como recuerda El Periódico que también ha tenido acceso al auto. Concretamente, habrían intentado conseguir pruebas de que Gómez de Liaño habría cobrado 5 millones de euros en Suiza de un preso rusogeorgiano cuando era el encargado de liderar la defensa del extesorero del PP.
Cosidó se libra de la citación
Como se ha indicado más arriba, el abogado Gómez de Liaño también había pedido la citación de Alejandro Auset Domper pero García-Castellón se ha negado aunque la Fiscalía se refiera a él como el abogado del Estado en excedencia al frente de un "lobby jurídico" que trabajaría para el PP, que habría encargado el ataque a Liaño, y que respondería directamente ante María Dolores de Cospedal. Quien también se ha librado de declarar como imputado es el entonces director de la policía española Ignació Cosidó. Según los argumentos de García-Castellón, el abogado Liaño no especifica si tienen que comparecer como testigos o imputados y "no ha surgido hasta ahora ningún indicio de su participación". El juez cree que no hay "elementos" que vinculen ninguno de los dos con los hechos que se investigan, más allá de sus cargos y ninguna de las declaraciones prestadas en la causa o los documentos aportados dicen lo contrario.