La pieza principal del caso Pujol ya ha quedado vista para juicio. Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha cerrado la instrucción. En su auto, el magistrado ha propuesto enviar a juicio a todos los miembros de la familia del expresident de la Generalitat por entender que "formaron una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmesurado directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".
En el auto, de 509 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El magistrado apunta contra 27 personas, entre ellos el expresident Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos: Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola. También aparecen la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, o los empresarios Luis Delso Heras, Carles Sumarroca Coixet y Carles Sumarroca Claverol. La resolución subraya que parte de estas actividades coincidieron en el tiempo con la presidencia de Jordi Pujol, entre los años 1980 y 2003.
El resto de investigados que irán a juicio son Ramon Gironès Pagès, Mercè Riera, Xavier Tauler, Xavier Corominas, A. G., Gustavo Buesa, Josep Mayola, Jaume Ferrer, Carles Vilarrubí Carrió, Josep Cornado, Elvira Vidal, Jorge Barrigón, Francesc Robert y Bernardo Domínguez Cereceres.
Después de la instrucción, el juez concluye que el patrimonio de la familia proviene de varias fuentes, en algunos casos desconocidas y que "no existen indicios sólidos" sobre la existencia de la famosa herencia del abuelo Florenci. "A lo largo de la investigación no se ha aportado ningún elemento que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado ninguna explicación razonable y contrastable por ninguna de las personas investigadas de esta familia sobre este particular", señala José de la Mata. Precisa que los mismos investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo esta herencia, las entidades bancarias donde fue depositada o administrada o cómo y cuándo llegó a Andorra.
"Pagos millonarios disimulados"
Más allá de la herencia del abuelo Florenci, el magistrado sostiene que lo origen de los fondos está en pagos ilícitos de terceras personas, vinculadas a diferentes empresas. Serían "pagos millonarios a la familia disimulados bajo diferentes estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales". Según De la Mata, "todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc. a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán". En otras ocasiones, según el auto, estos pagos a los Pujol Ferrusola sólo serían para "mantener la buena relación" de cara a futuros favores políticos y contractuales.
En algunos casos, según la instrucción, estos pagos se hacían simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más diversos, la existencia de las cuales "no ha quedado acreditada". De hecho, el juez sostiene que en múltiples ocasiones se ha acreditado lo contrario: la inexistencia del supuesto negocio.
Organización liderada por el president
De la Mata asegura que en lo alto de esta presunta organización criminal, como líder, estarían el expresident Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrussola, "que se autodenominaba madre superiora de la congregación". Por debajo, y siguiendo sus instrucciones, se encontraría "el capellán de la parroquia", su hijo Jordi Pujol Ferrusola. Según el magistrado instructor, el expresident "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y la distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos".
Más allá de la participación individual en algunas operaciones, el resto de hermanos —Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia—se limitarían a seguir las instrucciones de Jordi Pujol Júnior. Lo harían abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran "distribuidos" por él y tomando decisiones para ocultar este patrimonio. En alguna ocasión también habrían sido Oleguer y Pere los que realizaron transferencias a sus hermanos. Por todo ello, el juez considera que se cumplen los requisitos de la organización criminal, con diferentes niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo desde 1992 hasta el 2014.