El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, ha ordenado una tasación preliminar de las joyas localizadas durante el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Govern español José Luis Rodríguez Zapatero.
En una providencia fechada este miércoles, 3 de junio, el magistrado pide que se haga un primer análisis de las piezas para determinar "la naturaleza, autenticidad y valor económico —de reposición—, fabricante —sello o marca del joyero— y fecha aproximada de fabricación". La diligencia no descarta una tasación pericial posterior que pueda incorporar otros datos analíticos de interés.
Las joyas encontradas en el despacho de Zapatero / EFE
Las joyas encontradas en el despacho de Zapatero / EFE
El encargo se ha hecho a la joyería Ansorena, situada en la calle Alcalá de Madrid, junto al parque del Retiro, que deberá llevar a cabo el análisis después de prestar juramento o promesa, tal como prevé el artículo 474 de la Ley de enjuiciamiento criminal. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional deberá documentar todo el proceso y garantizar el cumplimiento de la cadena de custodia.
Las joyas fueron encontradas dentro de una caja fuerte durante el registro en la oficina de Zapatero, situada en la calle Ferraz de Madrid. Según el acta del registro, entre los efectos había collares, pulseras, pendientes, anillos, relojes y también discos duros.
Las joyas encontradas en el despacho de Zapatero / EFE
"La herencia de la madre", la justificación de Zapatero
Durante el registro, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, aseguró ante la UDEF que las joyas formaban parte de una "herencia de la señora Sonsoles" y de "regalos de viajes", en referencia a Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente.
El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero explicó posteriormente que las piezas procedían de una herencia de la madre del expresidente, de la familia de Sonsoles Espinosa y de varios viajes. También apuntó que un experto las había valorado entre 30.000 y 50.000 euros, y que el matrimonio las guardaba en la oficina porque no dispone de caja fuerte en el domicilio donde vive actualmente de alquiler y pendiente de una mudanza.
La resolución del juez precisa que el trabajo de Ansorena deberá quedar debidamente documentado por la UDEF, "con expresión de todos los requisitos necesarios" para preservar la cadena de custodia. La providencia puede ser recurrida en reforma ante el mismo órgano judicial en el plazo de tres días desde la notificación.
