Insólito. El juez del caso Tsunami Democràtic acaba de aceptar al partido ultra Vox y a la asociación Dignidad y Justicia —que sostiene que trabaja en nombre de víctimas del terrorismo de ETA, a pesar de que se la considera un apéndice del PP— como acusación popular en esta causa, que está a punto de concluir, contra organizadores de las movilizaciones independentistas en Catalunya en 2019, según una resolución conocida este miércoles a la que ha tenido acceso ElNacional.cat. La intención de ambas entidades es que la causa de Tsunami Democràtic siga en la Audiencia Nacional, puesto que, desaparecido el delito de sedición, la Fiscalía estudiaba que la causa se derivara a juzgados catalanes, donde ocurrieron los hechos, por el delito de desórdenes públicos, y después que la Guardia Civil no haya descubierto nada importante. El magistrado Manuel García Castellón ha impuesto a ambas entidades la simbólica fianza de 200 euros para personarse.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional prorrogó hasta el 29 de enero de 2024 la investigación para obtener los últimos informes sobre daños, solicitados al Ajuntament de Barcelona y al Ministerio por la protesta en el aeropuerto de El Prat, contra la sentencia del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes.
Por ahora, la Guardia Civil ha informado al juez de la Audiencia Nacional, que ha cuantificado en hasta 2,7 millones de euros las pérdidas por las movilizaciones en el aeropuerto de El Prat y por los cortes de vías en la AP-7 y en la N-II, hasta La Jonquera.
Sin acusados definidos
En el breve auto, el juez García Castellón también informa de que la Guardia Civil ha solicitado un mes más para concluir su informe. Y es que en la causa de Tsunami Democràtic no hay acusados formalmente, ni el magistrado ha citado a declarar a ninguna persona, después de que el pasado mayo se levantara el secreto de esta investigación, tras más de tres años de pesquisas ocultas.
Los únicos encausados, y de forma genérica, son siete investigados del caso Volhov, y personado en la Audiencia Nacional solo está el empresario Oriol Soler, a través de su abogado Benet Salellas.
Sin apoyo exterior
Además, Suiza se negó a colaborar con la Audiencia Nacional para aclarar quién está detrás de Tsunami Democràtic porque, en su opinión, su acción se enmarca en "un delito político", el cual no permite la cooperación internacional, según su legislación. Hasta el momento, ninguna de las comisiones rogatorias a otros países, como EE.UU., para aclarar quién está detrás de Tsunami ha dado resultado.