El silencio más clamoroso ha sido la respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces españoles, ante el asunto de los correos privados en que varios magistrados tildan de golpistas, nazis, criminales o extremistas a los independentistas. ¿Sin embargo, cuál es el motivo del silencio y la inacción de la cúpula judicial? ¿Hasta qué punto justifica -o no- el contenido insultante de los mensajes que se activen medidas disciplinarias contra los autores de tan peculiar correspondencia electrónica?

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido la dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la nulidad de las causas contra el independentismo. Los correos, revelados por eldiario.es y elmon.cat  circularon a través del chat corporativo de los jueces españoles en las jornadas previas y posteriores el referéndum del 1 de octubre, que han llevado a la prisión o al exilio la práctica totalidad del gobierno Puigdemont-Junqueras. En cambio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reiterado su confianza en la justicia, en su "independencia" e "imparcialidad". Se pueden considerar "imparciales" o "ecuánimes" unos jueces que claman "quien la hace la paga" o que afirman: "Con los golpistas no se negocia, ni se dialoga"?

Lesmes no ha dicho ni pío. Pero quizás hay que exhumar su discurso con motivo de la apertura del año judicial, el 5 de septiembre de 2017, en vísperas de las jornadas decisivas del otoño catalán, para entender su actitud. En aquel parlamento ante el rey Felipe VI, el presidente del CGPJ y del Supremo advirtió que los jueces "ampararán" quien haga "cumplir la ley" en Catalunya y proclamó que la Constitución "como máxima expresión de la soberanía nacional" y de la "indisoluble unidad de la Nación española" deviene "un mandato jurídico directo que corresponde garantizar al poder judicial costado del resto de los poderes del Estado, en definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento", añadió.

 

Es el paraguas, la espesa manta protectora, del "A por ellos!" judicial. Lesmes no actúa porque "los jueces del chat siguen la doctrina oficial", es decir, la que él marca. Así de contundentes se muestran fuentes del ámbito jurídico, que se preguntan qué sucedería si en vez de magistrados, se tratase de "maestros, empleados de la Caixa o del Santander o de mossos d'Esquadra" quienes usaran el canal interno de comunicación para cuestiones profesionales o laborales para hablar "de toros" o "de fútbol". Aunque los jueces que han participado en el hilo contra los independentistas pueden ser 20 o 30, la difusión de sus mensajes es máxima en una cadena de correo a la cual pueden acceder unos 5.000 profesionales de todo el Estado español.

¿Sanciones disciplinarias?

¿Son punibles estos mensajes por su contenido, que en algunos casos, roza el odio? No hay consenso sobe los escasos profesionales que se han pronunciado. El jurista y colaborador de El Nacional Joan Queralt señala que los jueces "tienen que mantener un escrupuloso respeto a la neutralidad" y que la "ecuanimidad" e "imparcialidad" que se les pide comporta necesariamente limitaciones en sus opiniones. Queralt no cree que sean punibles los mensajes, pero sí que pueden ser -y tendrían que ser, opina- objeto de una sanción disciplinaria por parte del CGPJ, porque constituyen un "exceso verbal clarísimo". José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha coincidido básicamente con este parecer, en declaraciones a RAC1. Para él "algunas expresiones" de las manifestadas en los correos van más allá de la opinión jurídica".

¿Qué dice la ley del Poder Judicial?

De hecho, el artículo 418.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial señala entre las "faltas graves" en que pueden incurrir los jueces la de "Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censura por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición." Uno de los correos, alude como sigue al gobierno de Catalunya: "la situación grave se puede producir por el carácter extremista de los que detentan el poder en Catalunya, ya que no hay nadie moderado. Lo mismo que pasó en Alemania en épocas remotas". En otros correos, las referencias a las autoridades catalanas son, significativamente, mucho más indirectas, pero igualmente claras: "Con los golpistas, se llamen Tejero o cualquier otro de la actualidad (ya sabéis quiénes son), no se puede dialogar".

En cambio, la magistrada de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD) en Catalunya, Montserrat Comas, si bien encuentra "absolutamente ofensiva, poco edificante" la forma en que se han expresado estos jueces, el hecho de que no hayan publicitado los mensajes, sino que los distribuyeran por un canal privado, descarta consecuencias penales.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Elpidio José Silva, ha hecho una reflexión más de fondo a través de su cuenta de Twitter:

La multa al juez Federico Vidal

Existe un caso reciente relacionado con el procés que cuestiona de raíz la falta de respuesta de Lesmes y el CGPJ ante las peticiones que actúe contra los autores de los correos insultantes. El marzo pasado, el CGPJ impuso una multa de 600 euros por "falta grave de desconsideración" al titular del juzgado de lo Contencioso número 17 de Barcelona, Federico Vidal, por haber tildado de "terroristas de uniforme" a los agentes policiales que participaron en la represión del referéndum del 1 de octubre. Vidal -contra quien, por cierto, se despacha también con fiereza patriotera uno de los magistrados autores de los correos ahora revelados- hizo estos comentarios en un foro privado de la judicatura. Vidal también censuró la actitud del rey Felipe VI en la crisis catalana.

Imagen: Carlos Lesmes ante el rey Felipe VI durante la inauguración del año judicial en septiembre de 2017