El secretario general de Junts y expresidente del Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, está tranquilo con su indulto que ahora podría llegar a peligrar después del giro inesperado del Tribunal Supremo (TS). En declaraciones en Catalunya Ràdio, el dirigente independentista que estuvo encarcelado cuando presidía la ANC, ha asegurado que no sufre por la decisión del Supremo y que cuando ayer la conoció él estaba trabajando en la proposición de ley sobre el catalán en la escuela. "Opté por seguir trabajando y no hacer caso del TS, ahora es fundamental no distraernos de la defensa del catalán y del conjunto del país", ha apuntado a Sànchez. Es más, el dirigente independentista ha añadido que la noticia no le ha sacado ni un solo minuto de sueño y que él sigue con su agenda habitual.
El Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y ha decidido revisar la concesión de los indultos a los políticos independentistas catalanes encarcelados. La sección quinta de la sala contenciosa-administrativa ha estimado este martes los recursos que PP, Vox, Cs y otros presentaron contra la denegación inicial de revisar los indultos. La decisión se ha tomado por tres votos a dos, con dos votos particulares en contra, después de que hace unos días cambiara la composición y la mayoría a la sección. El auto no admite a trámite el recurso interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, rechazado por unanimidad. El tribunal ha ordenado la continuación de los procedimientos y pospone al trámite de sentencia el pronunciamiento sobre la falta de legitimación de los recurrentes planteada por la Abogacía del Estado a todos los recursos. El contenido íntegro de las actuaciones se conocerá los próximos días.
La ley del catalán
Los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y en Común Podemos registraron este martes por la tarde una proposición de ley como respuesta a la sentencia del TSJC que impone el 25% de castellano en la escuela. El pacto de los cuatro grupos pasa para que, de acuerdo con la nueva ley, el catalán sea "lengua vehicular", y que el castellano -junto con el catalán- sea idioma "de uso curricular". Además, el documento, firmado poco antes de que cerrara el registro del Parlament, indica que el castellano "es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". El acuerdo también añade que "la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza tiene que tener en cuenta la situación sociolingüística".
Jordi Sànchez se ha dirigido a los partidos que no han querido dar apoyo a la proposición de ley, como la CUP, y les ha explicado que lo que dice la ley es que el castellano sólo tendrá los usos que dictaminen de acuerdo con las responsabilidades de cada proyecto lingüístico. "Muchas escuelas utilizan el inglés para impartir algunas materias, en este escenario el inglés es lengua curricular pero no vehicular. No digamos cosas que no dice la ley, sino que el espíritu queda estropeado", ha pedido Sànchez.
En la misma línea ha subrayado, también dirigiéndose a los detractores de la ley que dicen que "se está matando la inmersión", que la proposición reafirma que el catalán es la lengua de bienvenida de los recién llegados y que "esta ley era necesaria para dar resposat a la amenaza de las cuotas". Entre los contrarios hay uno de los principales sindicatos del sector de la enseñanza, USTEC, y el secretario general de Junts ha querido restar importancia a este hecho: "Hemos conseguido un acuerdo muy amplio, hemos mantenido la defensa de la lengua y hemos ampliado los apoyos sociales. Entidades como Òmnium han valorado positivamente el acuerdo y los actores más importantes de la comunidad educativa, también". Sànchez ha indica que quizás la falta de apoyo de USTEC se debe a que está inmerso en una huelga y que, por lo tanto, no está interesado al dar ningún elemento de satisfacción que pueda hacer ver que la huelga tiene poco recorrido".
Finalmente, Jordi Sànchez ha concretado que la proposición de ley estará complementada muy pronto por un decreto ley "donde de manera todavía más clara se fijará el rechazo a cualquier medida que sea una cuota o un criterio general de imposición del castellano". Con eso, el de Junts ha mostrado confianza en el acuerdo y ha añadido que la proposición de ley y el decreto que llegará son suficientes para dar argumentos al poder judicial "a fin de que entienda que hay una realidad normativa reforzada por una amplia mayoría del Parlament".