Instituciones Penitenciarias ha admitido que registró la celda del expresidente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, "por razones de seguridad interior", negando que le haya prohibido comunicarse con la familia y que haya reforzado la seguridad sobre él.
El Gobierno ha respondido en estos términos al diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes, que registró una batería de preguntas sobre el trato dado en la prisión Madrid VINO de Soto del Real a Jordi Sànchez, que se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017.
En su respuesta, el Ejecutivo explica que cualquier interno de un centro penitenciario que infrinja las normas reglamentarias puede incurrir en responsabilidad disciplinaria y añade que "la condición de candidato a unas elecciones no tiene relevancia con respecto al incumplimiento de las normas de convivencia".
Y en este contexto expone que la celda de Sànchez "fue registrada por razones de seguridad interior, amparadas reglamentariamente en la obligación que la administración tiene de preservar la orden dentro de los centros penitenciarios."
El pasado 16 de diciembre, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, se quejó de "represalias" sufridas por su cliente después de haberse emitido un mensaje suyo en un mitin en Barcelona ante las elecciones del 21 de aquel mismo mes. Entre estas supuestas "represalias", el abogado señaló el cacheo y el traslado a otro módulo.
El Gobierno, en su respuesta, expone que la separación interior de los internos en una prisión es competencia "discrecional" de la dirección del centro por "razones organizativas". También niega que se le haya aplicado "ningún reforzamiento de la seguridad, más allá de la que aconseja la necesidad de preservar su seguridad e integridad física."
Con respecto a las comunicaciones del interno, asegura el Ejecutivo que puede hablar sin problemas con la familia y matiza que "solo se le ha restringido la comunicación con una persona determinada, que no es familiar." Esta persona, aunque no se especifica en la respuesta, es la número 31 de la candidatura de JxSí, Núria Guillaumes, ante las sospechas que fue ella quien grabó el mensaje de Sànchez que se emitió durante la campaña electoral.
Además, el Ejecutivo recuerda al diputado que la potestad disciplinaria la ejercen órganos administrativos de las prisiones y que ningún miembro del Gobierno forma parte.