Hace cuatro meses y cinco días que Jordi Sànchez (Barcelona, 1964) está en la prisión de Soto del Real. Entró el 16 de octubre por orden de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por un presunto delito de sedición a raíz de las manifestaciones del 20 de septiembre delante de la Conselleria d'Economia durante los registros de la Guardia Civil. Desde entonces, Sànchez ha abandonado la presidencia de la ANC, ha sido número dos de la candidatura con que Carles Puigdemont se presentó a las elecciones del 21-D y ha conseguido el acta de diputado. Hoy es presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Durante estos meses, ha visto como la justicia española denegaba una tras otra todas las peticiones que ha formulado de levantamiento de la medida cautelar de prisión. Ni siquiera se le ha permitido abandonar el centro penitenciario para participar en la campaña electoral o en el pleno de constitución del Parlament. Ahora su nombre aparece como el más probable candidato de JxCat para asumir la presidencia de la Generalitat.

¿Cómo está?
Estoy bien, con ganas de que se acabe la desmesura de la prisión preventiva. Es injusta para mí, cruel para mi familia y suicida para el propio estado de derecho español y su credibilidad.

Perseguir ideas políticas es el principio del fin de la democracia

Lleva más de 120 días en la prisión. ¿Cómo se encaja esta situación?
El encaje es difícil. Jurídicamente no tiene un encaje ni natural ni pacífico con el ordenamiento español ni con los tratados internacionales de derechos humanos. Políticamente la causa general contra el independentismo tampoco tiene encaje en el ordenamiento democrático. Perseguir ideas políticas es el principio del fin de la democracia. Y, personalmente, encajo los más de 120 días de prisión con fortaleza gracias al apoyo familiar y a la dignidad con la cual la ciudadanía ha respondido a la desmesura del Estado, tanto en la calle como en las urnas. El otoño del 2017 será recordado como el "otoño de la dignidad democrática de Catalunya", no tengamos ninguna duda.

Hace tiempo que lo que estoy viviendo se escapa de cualquier análisis racional

Incluso Amnistía Internacional ha reclamado su libertad, pero el juez Llarena la ha vuelto a denegar. Argumenta su encarcelamiento subrayando que no ha renunciado al acta de diputado y que mantiene el ideario soberanista. ¿Qué cree que espera que haga para levantar las medidas cautelares?
El último auto es tan preocupante como sorprendente. Me mantiene en la prisión por mis ideas, no lo digo yo, lo escribe él de su puño y letra. La negación de mi libertad con los argumentos que han utilizado para justificarla es la erosión más grave y de consecuencias inimaginables contra los principios del pluralismo político, sin los cuales la democracia muere.
Dicho esto, no me veo en condiciones de especular sobre qué tiene que pasar para que se levanten las medidas cautelares de prisión incondicional. Hace tiempo que lo que estoy viviendo se escapa de cualquier análisis racional. La respuesta a su pregunta sólo la puede responder el Tribunal Supremo.

¿Cómo se ha resuelto el castigo de 30 días sin patio que le querían imponer en Soto del Real por su intervención en la campaña electoral a través de una grabación?
Presenté hace pocos días un escrito de alegaciones ante la jueza de vigilancia penitenciaria. No tengo intervenidas las comunicaciones, utilicé los canales explícitamente autorizados por la dirección del centro para comunicarme. En ningún artículo del reglamento está prohibido que el mensaje que haga desde la prisión se pueda difundir –de hecho, he publicado una decena de artículos y entrevistas– y, lo más importante, el mismo juez del Supremo desestimó que saliera de prisión para hacer campaña porque, aunque con limitaciones, yo "tenía desde la prisión posibilidades para dirigirme a los electores". Eso es lo que hice.

Una falta de confianza entre JxCat y ERC ha derivado en mala comunicación. Pero el acuerdo marco para restituir al Govern está consolidado

Las negociaciones entre JxCat y ERC para la investidura están resultando muy complicadas, con situaciones muy tensas, como el aplazamiento del pleno de investidura... ¿A qué atribuye estos problemas?
La presión que existe es muy grande. Estamos viendo medidas sin precedentes ni encaje –en mi opinión– en el ordenamiento democrático español. Lo que algunos no ganaron en las urnas el pasado 21-D ahora lo quieren imponer con medidas cautelares y amenazas de prisión e inhabilitaciones. Es tan fuerte la presión y son tantas las líneas rojas traspasadas por las instituciones del Estado español que ellos mismos empiezan a ver la gravedad de la situación. El propio Consejo de Estado dijo basta, pero la conexión política y la presión del gobierno Rajoy al Tribunal Constitucional alcanzó el objetivo. El gobierno de España y otras instituciones del Estado están convirtiendo el Estado español en una democracia low cost, si eso se consolida, será muy difícil salir y recuperar estándares liberales-democráticos de calidad. En este contexto entiendo la complicación de dar salida inmediata al mandato del 21-D. Y para ser honesto al lector de El Nacional también tengo que atribuir el retraso a una falta de confianza entre JxCat y ERC que ha derivado en una mala comunicación.
Sin embargo, quiero decir que a fecha de hoy las bases de cómo proceder y cómo garantizar la restitución parlamentaria del president Puigdemont y el gobierno ilegítimamente cesado el 28 de octubre están ya establecidas por la mayoría que el 21-D ganó las elecciones. Por lo que me dice el president Puigdemont estamos cerrando algunos flequillos pero el acuerdo marco, el procedimiento y las bases están consolidadas.

Que nadie sufra: la mayoría ganadora en las urnas no desperdiciará el tiempo

¿Se imaginaba que dos meses y medio después de las elecciones, y con la mayoría conseguida por el independentismo el 21-D, todavía no habría investidura ni Govern?
Honestamente, sí. Fíjese que en situaciones normales, la investidura llega un mes después de las elecciones. Además, aquí hemos tenido el periodo de Navidad, que poco o mucho todo lo paraliza 15 días. Y lógicamente el escenario lo es todo menos normal. Ahora hace a penas dos meses de las elecciones. Es normal que tengamos prisa porque los retos son muy grandes. Está muy bien que desde la ciudadanía se exija investidura ya. Lo único que puedo decir es que nadie sufra, que la mayoría ganadora en las urnas no desperdiciará el tiempo.

Mi reclamación al presidente Torrent fue diálogo y comunicación constante para forzar decisiones de consenso

El presidente del Parlament, Roger Torrent, le visitó la pasada semana. ¿Hablaron de la situación de tensión entre los dos partidos? ¿Qué conclusión extrajo de la conversación?
Él es el presidente del Parlament y yo el presidente del grupo parlamentario que propone la restitución del president Puigdemont. Es obvio que habláramos de la situación jurídica y política de la investidura, pero no de las negociaciones entre JxCat y ERC, básicamente porque en la función de presidente del Parlament no le corresponde, y a mí, en las circunstancias de preso en Soto del Real, ni tengo ni pretendo tener funciones de interlocución en esta negociación. Mi reclamación al presidente Torrent fue diálogo y comunicación constante para forzar decisiones de consenso, tanto con todos los grupos parlamentarios como particularmente con los que hoy disponen de la única mayoría posible en el Parlament, los independentistas.

¿Entiende que las negociaciones para la investidura se vean supeditadas al calendario de comparecencias ante el Supremo que empezaron el miércoles pasado en la causa por rebelión?
Esta semana toda la energía, atención y tensión está centrada en el Supremo. Es normal que los que han sido llamados a declarar se centren en su defensa. Las conversaciones para la investidura no se detienen, siguen a un ritmo más bajo por razones obvias, pero eso no afectará al calendario. Estoy convencido.

El mandato del 21-D es inequívoco, la legitimidad del president Puigdemont está preservada y la investidura no la dictará la Moncloa

¿Qué vía cree que tendrían que escoger JxCat y ERC para sacar adelante la investidura?
Sólo hay una vía posible, un acuerdo sólido entre JxCat y ERC, que además aspire a sumar –por activa o por pasiva– otros apoyos parlamentarios. El mandato del 21-D es inequívoco, la legitimidad del president Puigdemont está preservada y la investidura no la dictará la Moncloa. La geometría resultante del 21-D y las urgencias políticas, sociales y económicas del país, requerirán mucho diálogo y acuerdo. Pero para dialogar y llegar a acuerdos amplios primero hay que tener una base sólida construida y eso es lo que se está ultimando entre JxCat y ERC.

Contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, Puigdemont no es un insensato ni un aventurero. Nadie tiene más urgencia que él de un nuevo gobierno efectivo

Oriol Junqueras ha advertido que el Estado nunca permitirá que sea efectiva una presidencia de Carles Puigdemont desde Bélgica, ¿cree que JxCat tendría que proponer a otro candidato?
No he escuchado ni leído estas declaraciones, sólo he visto un titular, creo que en Tele5. En la prisión la información es siempre parcial y por eso tengo que ser prudente tanto en mis declaraciones como en las reacciones. El candidato de JxCat es Carles Puigdemont y nadie mejor que él sabe de la prisión y persecución del Estado, de cómo el gobierno de Catalunya puede funcionar y sobre todo del valor de los resultados del 21-D. Contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, el president Puigdemont no es un insensato ni un aventurero. Nadie tiene más urgencia que él para disponer de un nuevo gobierno efectivo, no por casualidad es él nuestro candidato a ser investido de nuevo president de la Generalitat.

Es tiempo para hacer política, no especulaciones. Mi candidato y el de JxCat es Puigdemont

Se habla de Jordi Sànchez para asumir este papel. ¿Estaría dispuesto?
Todas las especulaciones son sobreras, es tiempo para hacer política, no especulaciones. Mi candidato, el candidato de JxCat y el candidato de una gran parte del electorado es Carles Puigdemont.

¿Se podría asumir este cargo desde la prisión?
Puigdemont no está en la prisión, algunos lo querrían entre rejas pero no lo está.

Cualquiera de los 135 diputados puede ser president. Cualquier otro razonamiento es extrajurídico

Hay quien considera que el nuevo president tendría que ser algún diputado que no esté investigado en ninguna de las causas abiertas por el procés. ¿Cree que sería más conveniente?
Eso lo dice la Moncloa, pero la legalidad vigente dice que cualquiera de los 135 diputados puede ser president. Cualquier otro razonamiento es extrajurídico. Incluso las medidas cautelares que establece el Constitucional no niegan que cualquier diputado sea president, lo que hace en una extralimitación de sus funciones es poner unas condiciones ad hoc para que la investidura convocada se pueda celebrar. Aceptar el razonamiento de la Moncloa es fulminar la autonomía parlamentaria, reconocer la culpabilidad de los hoy investigados por un supuesto delito que centenares de catedráticos y profesores de derecho penal y constitucional por todo España, decenas de magistrados y exmagistrados y exfiscales del propio Tribunal Supremo y del Superior de Catalunya dicen que no existe. De nuevo la Moncloa quiere ganar ilegítimamente y bajo coacción y escondida tras de algunos poderes del Estado aquello que perdió en las urnas el 21-D, en unas elecciones convocadas a honor y gloria suya.

¿Considera que una investidura y la constitución de un Govern facilitaría que se levanten las medidas cautelares a los cuatro encarcelados?
Como ya he dicho antes, esta respuesta sólo la sabe el Supremo y, en su defecto, el Constitucional. Ellos han marcado unas nuevas reglas del juego penal, sólo ellos las pueden interpretar. Estamos inmersos en una dinámica que responde a los privilegios de lawfare. Es duro, pero es así. No hay más consideración que la que ellos nos quieran aplicar. Y de momento ya hemos superado 4 meses de preventiva.

No es aceptable que no se llegue a un acuerdo para la investidura. Sería una grave irresponsabilidad

La ANC ha anunciado movilizaciones en caso de que no haya acuerdo para la investidura. ¿Cómo valora esta presión de la entidad que usted presidió?
Es obvio que no es aceptable que no se llegue a un acuerdo para la investidura. Sería una grave irresponsabilidad y por eso mismo ya he dicho que no pasará. La ANC hace su papel y hace bien en exigir y presionar. Suerte hemos tenido de la ANC en el pasado y suerte tendremos en el futuro.
Los partidos se tienen que mantener fuera de la ANC y la ANC tiene que preservar la capacidad de movilización cívica, pacífica y multitudinaria. Que sea exigente con los políticos electos va en su ADN y es una medida de salud democrática de nuestro país.

Usted ha declarado ante el juez que antes del 1-O tuvo contactos con representantes del Gobierno español que no hacían prever lo que acabó pasando. ¿Con quién habló? ¿Qué le dijeron?
Ante las preguntas incriminatorias de la fiscalía, quise poner de relieve dos cosas. La primera, que hablaba con muchos actores sociales y políticos del país. No sólo con el president Puigdemont. También con representantes de partidos no partidarios del 1-O, con los secretarios de CCOO, UGT, con dirigentes empresariales, con representantes de otras instituciones y, entre ellas, con representantes del gobierno español. La segunda cosa que quería poner de relieve es que de las conversaciones que precisamente tuve con los representantes del gobierno español en Catalunya en ningún caso se podía intuir el estallido de violencia policial que se vivió el 1 de Octubre. Y que, en todo caso, se podía intuir una respuesta del Estado como la que tuvo el 9-N del 2014. Explico esto porque hay algún hiperventilado que, sin información contrastada, dice que provoca risa que yo dijera que el 1 de octubre era un nuevo 9-N. Sin comentarios. Dejando a nuestros hiperventilados al margen, yo no dije el nombre del señor Millo porque no quería ruido mediático. Alguien interesadamente filtró el audio de las declaraciones, ilegítimamente y con finalidades ajenas al proceso judicial y para dañar la imagen de los declarantes. El Sr. Millo dijo que la conversación la había mantenido con él. Lo confirmo. Y, si el juez quiere los mensajes, los aportaré. Entonces podré entrar en todos los detalles. Hasta entonces sigue siendo una conversación privada.

La desmesura del Estado es tan grande y afecta tan de lleno principios democráticos y derechos humanos que acabará con el silencio de Europa

¿Le sorprende más la contundencia del Estado con la aplicación de las medidas contra el independentismo o el silencio de Europa?
Me sorprende más la desmesura del Estado. Y fíjese lo que le digo, esta desmesura es tan grande y afecta tan de lleno principios democráticos y derechos humanos tan fundamentales para un estado democrático y de derecho que, de no modificarse, acabará con el silencio de Europa. Y no sólo por lo que pueda acabar diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Y el silencio de la izquierda española ante los encarcelamientos? ¿Lo entiende? ¿Se lo esperaba?
La izquierda política española está desorientada. Y en su pérdida de lucidez ha decidido abrazarse a los valores tradicionales de la derecha española. Cuánta razón tenía Josep Pla. Pero también está el silencio de buena parte de la izquierda social y cultural española. Probablemente, como ya hace tiempo que la mayoría del mundo intelectual y cultural ha renunciado al papel crítico y de vanguardia que en otras épocas las había caracterizado, ahora, una vez los referentes orgánicos están desorientados, ellos –la gente de la cultura– se sienten huérfanos y, de manera vergonzante para la tradición que representan, optan por el silencio. No hay mal que cien años dure, seguro que las pocas voces que hoy ya se alzan en España contra los encarcelamientos irán a más. No sólo les va la defensa de su dignidad como demócratas, les va también la pérdida de sus libertades.