El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha pedido esta mañana los permisos para que, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional lo dejen salir para asistir al pleno de investidura y pueda ser proclamado presidente de la Generalitat.

El escrito presentado a Pablo Llarena pide permiso para asistir al debate de investidura del 12 de marzo al Parlamento de Catalunya.

El recurso alerta al Tribunal Supremo de los derechos que se pueden vulnerar y del mal papel en el que queda el país delante la justicia europea: "Asistiríamos a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos, que además situaría a España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

También alerta, en otro escrito, al Tribunal Constitucional: "Grave daño para la credibilidad, nacional e internacional, de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo político".

El abogado Jordi Pina reta al tribunal: "El derecho político no podía limitarse hasta el extremo de impedir que un diputado todavía inocente pudiera presentar su candidatura delante de una Cámara parlamentaria por muy graves que fueran los delitos imputados". Y alerta de que se trataría de una "involución" no dejar salir a Jordi Sànchez para el pleno de investidura: "En un sistema constitucional mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas, riesgos difusos para el orden público no pueden legitimar nunca la anulación de derecho político elemental, ni alterar tampoco el sentido de la voluntad de una Cámara parlamentaria escogida democráticamente".

La defensa de Sànchez alega que han "decaído" los motivos por los cuales se dictó la prisión preventiva y argumenta que ostentar la presidencia de la Generalitat es una garantía: "La manera más adecuada de garantizar no solo el pleno con respecto a su presunción de inocencia, a sus
derechos políticos y a los derechos de quienes lo han elegido, sino también de preservar el normal funcionamiento
de las instituciones catalanas y la plena legitimidad democrática del futuro ejecutivo catalán".

Jordi Pina cita un mismo auto de Llarena donde ponía como condición para salir de la cárcel que hacía falta "que poco a poco se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadera y real". Y rebate al juez: "Existe en mi demandante una real voluntad de actuar políticamente de forma siempre pacífica y respetuosa con la legislación vigente, y se ha confirmado plenamente en los cuatro meses que Jordi Sànchez lleva ya en prisión preventiva y se ha visto corroborada no solo por sus declaraciones ante el Sr. instructor, sino por sus propios actos".

Y remarca que todo el grupo parlamentario de Junts pel Sí acatará las decisiones de la justicia: "Es una
muestra evidente de la voluntad, no solo personal, sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional aunque no comparta su contenido".

El escrito vuelve a remarcar que no hay existencia de violencia: "Si realmente su voluntad
hubiera sido la de incitar a la comisión de actos violentos o tumultuarias, habría podido hacerlo en sobradas ocasiones dando órdenes a terceros".

La defensa de Sànchez cita en el escrito que no entiende el trato desigual con otros investigados que han quedado en libertad con cargos y pide "moderar" la medida cautelar.

La petición se suma a las muchas que se han presentado hasta ahora y se presenta solo horas después de que el presidente del Parlamento Roger Torrent haya propuesto a Sànchez como presidente de la Generalitat después de la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios.

"Pablo Llarena y el Tribunal Constitucional tienen la patata caliente", ha dicho Jordi Pina en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde también ha recordado que la demanda de amparo presentada contra la situación de prisión provisional del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana está admitida a trámite, y según Pina "el hecho de que se admita a trámite acostumbra a significar que se resolverá de forma positiva". Lo ha explicado con el ejemplo de los ataques ultras en Blanquerna del 11 de septiembre de 2013: el Tribunal Supremo elevó las penas de prisión de los acusados hasta 4 años, pero el TC admitió a trámite los recursos de amparo presentados por sus abogados y a estas alturas todavía no han pisado la cárcel.

Pina ha expuesto que en caso de que no se suspenda la prisión condicional del candidato, ya ha pedido que al menos pueda salir el día del debate de investidura.

 

 

 

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat