​Que en pleno siglo XXI el candidato a presidir la Generalitat se vea forzado a proclamar que "es catalán todo el que vive y trabaja en Catalunya", significa que se ha reabierto un debate de hace muchas décadas atrás que parecía superadísimo. Y lo peor es que la batalla identitaria en que se ha convertido el debate de investidura no sólo nos hace retroceder como sociedad. Nos anuncia un período de tensión política creciente y no se ve ninguna luz al final del túnel. Da la impresión de que esto no acabará nunca.

Cuando todos los grupos soberanistas se habían conjurado para ampliar la base social de apoyo a la independencia de Catalunya e incluso rivalizaban en discursos a cual más integrador, cuando la componente nacionalista del soberanismo catalán estaba desapareciendo y siendo sustituida por la concepción republicana de la fraternidad, la habilidad táctica de Ciudadanos al plantear la batalla en el ámbito identitario ha obligado a los grupos de la mayoría a responder a la defensiva y a proclamar obviedades del tipo "somos siete millones y medio". Inés Arrimadas ha encontrado petróleo en los artículos de Quim Torra para llevar la batalla al terreno que le es más propicio y sobre todo más rentable de cara a las convocatorias electorales de ámbito español que se acercan.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha convocado a los líderes del PSOE y de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, para plantear una estrategia conjunta de combate con el soberanismo catalán. Las acusaciones de xenofobia al nuevo president de la Generalitat tienen como objetivo justificar y legitimar todas las iniciativas dirigidas a mantener la represión y continuar bloqueando el autogobierno aplicando el artículo 155 sistemáticamente ante cualquier iniciativa política o legislativa catalana. Rajoy necesita establecer el consenso de las fuerzas unionistas para detener la hemorragia de votos que se le van hacia Ciudadanos, pero sólo tiene una manera de conseguir el acuerdo: aumentando la beligerancia tal como le reclama Rivera y buena parte los medios.

Así que la tensión política irá en aumento y no se vislumbra en el horizonte ningún evento que tenga que contribuir a la estabilidad. Hagan lo que hagan los tribunales europeos, tanto si fallan a favor o en contra de los exiliados catalanes tendremos follón. En la medida que avance el procesamiento de los encarcelados crecerán las movilizaciones. Y cuando el president Puigdemont convoque el Consell de la República y el president Torra reúna la Assemblea d'Electes se producirá un choque institucional tras otro.

A ello hay que añadir las dificultades para gobernar que tendrá el Ejecutivo que presidirá el muy honorable Quim Torra, con las finanzas intervenidas, sin poder aprobar ningún presupuesto, ni tampoco ninguna ley importante, dado que no tiene mayoría en el Parlament y la CUP ha anunciado una oposición implacable.

Entramos pues en una fase de crisis política crónica a la que tendremos que acostumbrarnos. Con ilusión.