La consellera de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha instado a los ayuntamientos que tienen que implementar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los próximos años a persistir en su despliegue a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anulaba la de Barcelona. En esta línea, Jordà ha manifestado que se ha acordado "no ponernos límites y que los tribunales no nos hagan despistar". Estas declaraciones se han producido en el marco de la primera reunión de la Tabla per la Qualitat de l'Aire. Este encuentro se produce 10 días después de que el Govern anunciara el Acord per la qualitat de l'aire a Catalunya, en que todas las localidades catalanas que superan los 20.000 habitantes se sumaban a poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones antes de que empiece el 2025.
De hecho, uno de los compromisos y acuerdos que consta en la Declaració en defensa del dret a la salut i a una transició justa, que se ha firmado al finalizar esta primera reunión, especifica que "las Zonas de Bajas Emisiones, entendidas como una herramienta para la mejora de la Calidad del Aire ha sido avalada por su aplicación en más de 200 ciudades de Europa, y el TJUE en el procedimiento abierto actualmente lo entiende como una buena herramienta, por eso nos comprometemos a seguir aplicando este modelo, con todas las garantías jurídicas". En el encuentro de este lunes, se ha abordado el desarrollo de las ordenanzas que tendrán que aprobar los municipios con Zonas de Bajas Emisiones para poder implementar estas restricciones. Sobre esta cuestión, Teresa Jordà ha precisado que estudian si tienen competencias para poder fijar un marco base que sea útil para los ayuntamientos afectados, aunque cada ciudad podrá determinar criterios propios, como el horario.
En este sentido, Teresa Jordà ha defendido las ZBE "como una herramienta para la mejora de la calidad del aire" y sostiene que hay que seguir impulsando este modelo "implementando todas las garantías jurídicas que haga falta". Sin embargo, Jordà ha señalado que la sentencia contiene "cosas surrealistas". El objetivo final es "garantizar que no dejamos a nadie atrás, en una transición que tiene que ser necesariamente justa, inclusiva y equitativa". Sobre el recurso que anunció el Govern contra la sentencia que tumba la ZBE de Barcelona, la titular del Departament de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha indicado que todavía trabajan y que este se puede presentar hasta principios de mayo.
Mejora de la calidad del aire
Este acto, que ha tenido lugar en el salón de actos de INEFC, ha culminado con la Declaració en defensa del dret a la salut i a una transició justa. El documento, de una página, condena "cualquier injerencia que suponga un recorte de la voluntad de proteger la salud de las personas". La declaración consta de cinco puntos, que hacen referencia a varios aspectos vinculados a la mejora de la calidad del aire. De hecho, el primero de estos enfatiza que "mejorar la calidad del aire constituye un pilar fundamental en la agenda de todas las administraciones públicas, contando con la implicación de los agentes económicos y sociales" y recalca que "hace falta reconocer y, sobre todo, garantizar, el derecho al aire limpio". Para hacerlo, sitúan la voluntad en llegar a los "umbrales establecidos por las Directrices de la OMS en septiembre de 2021".
Paralelamente, subrayan que "el conjunto de las administraciones y el resto de los agentes económicos y sociales" siguen trabajando para hacer posible un derecho a la movilidad sostenible, segura y saludable". Consideran que eso "pasa por una mejora de la red del transporte público en su conjunto y también por una serie de medidas que faciliten un cambio modal de la movilidad". Por otra parte, el documento concreta que "la voluntad de los gobiernos locales es trabajar para mejorar la calidad del aire de su ciudadanía con todas las herramientas a su alcance".