El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investiga al diputado de ERC y exconseller de Interior Joan Ignasi Elena por su presunta implicación en un delito de prevaricación administrativa, según ha informado este miércoles el tribunal. La investigación intenta averiguar supuestas irregularidades cometidas en el contexto de la adjudicación de contratos públicos de asesoría entre 2017 y 2019 por parte del Ayuntamiento de Altafulla al despacho Sinergia EDM. Este despacho lo fundó Elena con el exdiputado de ICV en el Parlament Joan Herrera, que también consta como investigado en la misma causa en calidad de socio y administrador solidario de la empresa. Un tercer investigado, como presunto autor material del delito de prevaricación administrativa, es Fèlix Alonso Colomé, alcalde de Altafulla en el momento en que se produjeron los hechos denunciados. Actualmente es diputado de Sumar por En Comú Podem en el Congreso y es por ello que, en este caso, la investigación la asume el Tribunal Supremo.
El TSJC ha resuelto este miércoles asumir la competencia de la causa, que se inició en un juzgado de El Vendrell. A Alonso Cantorné se le investiga como presunto autor material del delito de prevaricación administrativa, ya que existen indicios que apuntan a que fue la persona que concertó y firmó los contratos irregulares en representación de la corporación municipal.
Los contratos investigados
Los contratos investigados se concretaron mientras Alonso Cantorné era alcalde (lo fue de 2011 a 2019). Por un lado, se investiga la prórroga supuestamente irregular de un contrato de asesoramiento a favor de Sinergia EDM, que se habría firmado el 18 de octubre de 2017. Como resultado de este contrato se habrían emitido un total de 22 facturas entre el 11 de noviembre de 2019 y el 21 de noviembre. Otro contrato menor en la misma empresa el 18 de junio de 2017 para redactar los pliegos de un proyecto de casal municipal La Violeta.
Las sospechas del TSJC
La sala civil y penal del TSJC investiga la supuesta concertación de los investigados para obtener y prorrogar las adjudicaciones públicas de forma irregular en el Ayuntamiento de Altafulla a través de la consultora Sinergia EDM. Habría indicios que apuntan a que se abusó de la figura del "contrato menor" para adjudicar de forma directa servicios de asesoramiento jurídico y redacción de pliegos, vulnerando los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que rigen la contratación pública.
Las acciones se habrían realizado prescindiendo del procedimiento adecuado, superando los límites legales de tiempo y presupuesto de los contratos menores. Además, se habrían ignorado los informes desfavorables de la interventora municipal y actuando sin los preceptivos informes del secretario del Ayuntamiento.
Elena se defiende
Fuentes de la defensa de Elena han explicado que los contratos investigados suponen un volumen de unos 30.000 euros sin IVA incluido, y que el ayuntamiento tras pasar el año de uno de los contratos siguió recibiendo el servicio durante otros siete meses. Las mismas apuntan a que prestar servicios sin tener cobertura contractual formal tiene como consecuencia jurídica una "nulidad administrativa", pero consideran que "en ningún caso se corresponde con una infracción penal".