La empresa Vértice Ensanche S.L., que quería construir pisos allí donde ahora está el Círcol Catòlic de Badalona, ha presentado una querella por prevaricación contra el exgobierno de la ciudad. El juez lo ha admitido a trámite y ahora está pendiente de citar a los 10 concejales que formaban el gobierno de Dolors Sabater de Guanyem Badalona en Comú y ERC.

La constructora alega que no había interés general en el paro de licencias de construcción que aprobó el pleno municipal. Que eso sirvió para dar tiempo a la entidad del Círcol de acceder al derecho a tanteo y poder encontrar la financiación para pagar los 900.000 euros por la compra.

Tres años después de los hechos, y cuando ha cambiado el gobierno de la ciudad después de la moción de censura del PSC con el apoyo del PP, ahora la empresa presenta la querella por prevaricación.

Además, en la querella se acusa al Círcol de estar "claramente posicionado a favor de los posicionamientos ideológicos del, por aquel tiempo, órgano de gobierno municipal".

 

El acuerdo, que se llevó por vía de urgencia al pleno municipal el 26 de enero del 2016, preveía preservar el entorno de la plaza de la Vila de Badalona y una entidad centenaria. Nadie se escondió. Porque, de hecho, tal como consta en la misma querella, los miembros del gobierno de la ciudad lo hicieron público en las redes sociales y en declaraciones a los medios.

La manera legal era promoviendo una suspensión de las licencias de obras durante un año para poder estudiar detalladamente las afectaciones "por ámbitos más reducidos, con la reflexión sobre alienaciones y condiciones de edificación y la capacidad de las parcelas para alcanzar su transformación con nueva construcción".

El acuerdo de pleno se aprobó con el apoyo del gobierno de la ciudad y los grupos de la oposición PSC y CIU. Por lo que, si la investigación sale adelante, también se podrían ver implicados.

De momento el juez de instrucción 1 de Badalona admitió la querella a trámite el 20 de noviembre y ha pedido al secretario del Ayuntamiento de Badalona el expediente administrativo y la grabación audiovisual del pleno. Una vez haya revisado la documentación, decidirá si imputa y cita como investigados a los 10 concejales o bien archiva la causa.