"La complejidad del operativo y los múltiples factores hace que se mantengan abiertos todos los escenarios. Cumplir la orden del juez es el objetivo, pero la forma dependerá", expresaba una fuente del gabinete del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, preguntado por El Nacional sobre qué acciones tomaría el operativo policial, una vez observada movilización pacífica de centenares de ciudadanos que empezaban a ocupar las escuelas esta tarde –y ante ciertos rumores difundidos en Madrid sobre que los Mossos podrían mostrarse pasivos ante la orden de retirar urnas y precintar colegios.

Las palabras llegan horas después de la reunión presidida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y donde han asistido los responsables del dispositivo de los tres Cuerpos Policiales –Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. Durante el encuentro se ha realizado un planteamiento común del dispositivo con la distribución de funciones de cada cuerpo y se han establecido los órganos de coordinación y seguimiento, así como de los criterios de activación de apoyos mutuos para cumplir la orden del TSJC.

En consecuencia, el mayor Josep Lluís Trapero ha enviado una circular al cuerpo recordándoles el orden de cerrar los centros electorales antes de las 6 de la mañana del domingo 1-O y de requisar urnas y papeletas, y pidiendo al cuerpo no utilizar la fuerza, sino regirse por el principio de proporcionalidad, congruencia y prudencia. Esta orden, sin embargo, ha entroncado con la llegada masiva de los ciudadanos a ocupar escuelas, motivo por el cual las fuentes consultadas consideran que el operativo no está cerrado, sino que actuaría cuando lo creyera y de la forma que decida.

El hecho es que en la Moncloa mantienen oficialmente que la policía catalana "cumplirá con la ley" y aseguran que su preocupación es que se produzca una "ruptura de convivencia" y no haya "disturbios o ruidos", decía el portavoz del ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En esta ocasión, De Vigo no mencionaba la palabra "violencia" ni "movilizaciones tumultuarias", como sí hace unas semanas. La cuestión es que la resistencia podría incurrir en consecuencias si no es pacífica, abriendo la puerta al delito de sedición.

"Son reos de sedición quienes sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales" consta en el texto jurídico mencionado. Sobre las penas, son de ocho a diez años para sus principales autores, y de diez a quince años, si son personas constituidas en autoridad. En los dos casos se tiene que imponer, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Precisamente, esta fue la pena pedida por la Fiscalía a los dirigentes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, después de la movilización del 20 de septiembre, el mismo día en que dieciséis cargos del Govern fueron detenidos y la Policía y la Guardia Civil registraron varias conselleries. Las protestas en la calle ante la acción policial motivaron el desplazamiento en Catalunya de diferentes unidades de refuerzo a las fuerzas de seguridad del Estado –alojadas en barcos con el icono de Piolín. Así fue como la orden del ministerio público sirvió para que el Gobierno no aplicara la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155, que generaban un efecto similar.