Por ahora, solo una consulta. El Ministerio del Interior ha dado trasladado a la Abogacía del Estado de la solicitud del Departament de Interior de la Generalitat para que se ponga escolta al president en el exilio Carles Puigdemont. Así lo han indicado fuentes del ministerio, que dirige en funciones Fernando Grande-Marlaska, que han precisado que antes de hacer ningún trámite o valoración sobre la solicitud, el ministerio ha decidido consultar la Abogacía del Estado "para ver si es pertinente acceder a esta petición", según informa Efe este miércoles. El jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, es quien realizó este lunes la reclamación, en este caso, al actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para que se asignen a Puigdemont que vive en Bélgica, de manera "inmediata y con carácter de urgencia" los efectivos de escolta que le corresponden en su condición de 130.º presidente de la Generalitat.

El jefe de la oficina del president Puigdemont, en la carta, sostiene que reitera esta reclamación ante la "grave situación de inseguridad que persiste" y "teniendo muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas, hecho que es público y notorio". Y al día siguiente de hacerse este reclamo, el martes, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aseguró que el Ministerio del Interior tramitaría la petición de Puigdemont de tener escoltas. "Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber", aseguró. Sin embargo, ahora fuentes del ministerio se muestran más prudentes.

El precedente, condenado

En la respuesta, fuentes del Departament de Interior de la Generalitat recordaron que los Mossos de Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica requieren la autorización del Ministerio del Interior. Incluso la policía catalana ha de pedir permiso al gobierno español para que los Mossos puedan llevar armas, si las necesitan cuando han de hacer de escolta de l'actual president Pere Aragonès u otras autoridades catalanas cuando viajan al exterior.

El president Puigdemont hizo la reclamación de tener protección policial cuando ja estaba en el exilio, desde donde pidió que se activaran todas las prerrogativas que tiene un expresident de la Generalitat. Este procedimiento coincidió cuando era conseller de Interior, Miquel Buch (Junts), denunciado por Ciudadanos por haber contratado al sargento Lluís Escolà como a cargo de confianza en el departament, de julio de 2018 a marzo de 2019, pero que realmente era para hacer de escolta al president Puigdemont ante la negativa del Gobierno de dar protección al que entonces calificaba de "prófugo de la justicia" y desde el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, vuelve a ser el "president Puigdemont", según un reciente comunicado del PSOE.

La Audiencia de Barcelona se creyó la versión de la Fiscalía y en septiembre pasado condenó Buch a 4 años y medio de prisión por haber contratado el agente de los Mossos Lluís Escolà para que hiciera de escolta del president Carles Puigdemont en el exilio, en Bélgica. Además de la condena de prisión, también lo castiga a 20 de inhabilitación absoluta por malversación de fondos y por el delito de prevaricación. El tribunal castigó Escolà, que es uno de los agentes de los Mossos que ayudó a Puigdemont a marcharse al exilio, a 4 años de prisión y 19 de inhabilitación. Buch calificó la sentencia de "desorbitada", y las defensas ya han presentado los recursos a la sala de apelaciones del TSJC.

La causa de Buch y Escolà encaja en la futura ley de amnistía, acordada por el PSOE con Junts y ERC, que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. Una vez aprobada la norma, las defensas tienen que pedir al tribunal, en este caso a la Audiencia de Barcelona, que decrete el archivo del caso en cumplimiento de la ley del olvido de los hechos entre enero de 2012 y noviembre de 2023 relacionados con el Procés.