La Audiencia de Barcelona ha condenado al exconseller de Interior, Miquel Buch, a 4 años y medio de prisión por haber contratado al agente de los Mossos Lluís Escolà para que hiciera de escolta del presidente Carles Puigdemont en el exilio, en Bélgica, según la sentencia hecha pública este jueves. Además de la condena de prisión, también lo ha castigado a 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por malversación de fondo, más 9 años y medio de inhabilitación a cargo público por el delito de prevaricación. El tribunal castiga a Escolà, que es uno de los agentes de los Mossos que ayudó Puigdemont a marchar al exilio, a 4 años de prisión y 19 de inhabilitación. A pesar del elevado castigo, el tribunal les aplica una atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento. Las defensas ya han anunciado que presentarán un recurso en contra en la sala de apelaciones del TSJC, y Buch ha calificado la condena de "desorbitada".

El teniente fiscal Pedro Ariche pedía al tribunal de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona que condenara a Buch a 6 años de prisión y 27 de inhabilitación a cargo público, al considerarlo autor de los delitos de malversación de fondos y de prevaricación por haber puesto al sargento Lluís Escolà como escolta del president Puigdemont en el exilio, de forma escondida y contratándolo como asesor del conseller, de julio del 2018 a marzo del 2019. Para Escolà, el fiscal pidió 4 años y seis meses de prisión por los mismos delitos. En estos meses, Escolà cobró 52.712 euros y el tribunal ordena que Buch y Escolà devuelvan este dinero a la Generalitat.

 

Delatado por Twitter

En la sentencia, el tribunal -formado por los magistrados José Carlos Iglesias, Maria Isabel Massigoge y Francisco Javier Molina- sostiene que Lluís Escolà lució que hacía de escolta del presidente Puigdemont en Twitter y especialmente una vez contratado por el conseller Buch. "41 semanas haciéndonos cargo del MHPG. Mientras no se haga legal, se hará legítimamente", se asegura que publicó el 6 de agosto de 2018. Añade que no consta que Escolà pidiera vacaciones a Interior para hacer estos viajes en el extranjero, derecho que también tienen los cargos de confianza como él, y que tampoco hacía falta que llevara arma ni materiales para hacer la seguridad del president. 

El tribunal insiste que había agentes de los Mossos que en sus vacaciones iban a cubrir la seguridad de Puigdemont, que el "Govern de la Generalitat consideraba que se le tenía que dar" y que, como que no fue suficiente, Escolà  asumió esta tarea de coordinación de escoltas, que ya hacía en Catalunya, que le provocó una sanción por parte del cuerpo de los Mossos, antes de ser contratado por Interior.

Acción "flagrante"

Además, l'Audiència sostiene que tiene "plena convicción, sin dudas ni ambigüedades, que este nombramiento fue verificado por el conseller Buch de forma arbitraria, con una finalidad ajena a las funciones que tenía aquel cargo, y el propósito era dar cobertura remuneratoria a la función de protección y seguridad en el exterior de Escolà a quien tuvo el cargo de president de la Generalitat". El tribunal asegura que el procedimiento administrativo para ocupar la 9.ª plaza de asesor eventual del Departament d'Interior fue correcta, pero "con un control formal e innecesaria", y que se creó justo cuando Puigdemont pidió sus prerrogativas de expresident y el Gobierno no le concedió la seguridad en el extranjero. De los 14 informes que habría realizado Escolà para Buch, el tribunal "duda de su autoría", además de su poca entidad, tal como dijeron los investigadores de los Mossos.

Por todo esto, el tribunal sostiene que la conducta de Miquel Buch "cometido desde su posición institucional como conseller de Interior supuso una contravención patente, flagrante y clamorosa del ordenamiento jurídico, contraria a la exigencia de objetividad en el servicio a los intereses general y a la ley". Y concluye que "se desviaron fondos públicos y se facilitó que Escolà cobrara un salario por un puesto del cual no cumplió ninguna de las funciones descritas en la plaza, y que fue un perjuicio real para los presupuestos de la Generalitat." Y condena el exconseller de Interior a 4 años y medio de prisión y a 20 de inhabilitación.

Ninguna ilegalidad

En el juicio, a finales de julio, la defensa del exconseller de Interior, ejercida por la penalista Judit Gené, pidió su absolución al asegurar que Escolà fue contratado a finales de julio de 2018 como cargo de confianza de Buch, y que era una plaza que ya existía en el Departament. Insistió que nada tiene que ver con el procedimiento iniciado en agosto de 2018 para proteger al expresident Puigdemont en el exterior, cuando se le reconocieron las prerrogativas legales del cargo, pero el Gobierno denegó su protección, aduciendo que era "un huido de la justicia" por el 1-O.

Los abogados de Escolà, los penalistas Isabel Elbal y Gonzalo Boye, también pidieron su absolución. Detallaron que fue jefe de operativo de los escoltas de Puigdemont hasta octubre de 2017; fue contratado por Interior del 25 julio de 2018 a marzo del 2019, y obtuvo la baja laboral para ejercer de agente de los Mossos el 15 de julio de 2019 por grave enfermedad en la columna vertebral.

El presidente Puigdemont declaró como testigo en el juicio, por videoconferencia desde un juzgado belga, y aseguró que Escolà es "un gran patriota" y que lo había acompañado en viajes en el exilio como amigo, como han hecho otros agentes de los Mossos, fuera de servicio o en época de vacaciones. También denunció que "el Gobierno incumple la ley" por no permitir su protección en el exilio.