Fuentes de la Fiscalía dan por hecha la inhabilitación del portavoz del Partit Demòcrata Català (PDC) en el Congreso, Francesc Homs, pero no prevén una condena que implique una pena de prisión.

Según han trasladado a la ACN, previsiblemente ni Homs ni el resto de imputados por el 9-N, el expresident Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau, serán condenados a prisión, porque la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ya retiró la acusación de malversación –la única que puede comportar penas de prisión– para Mas, Ortega y Rigau, y estas fuentes consideran débiles los argumentos que permitirían sostener este cargo de malversación para el exconseller de Presidència, investigado en el Tribunal Supremo.

Homs ha relacionado esto con el caso # FernándezGate cuestionamiento si "también lo ha afinado Jorge Fernández".

En otro ámbito, las mismas voces expresan dudas sobre la posibilidad de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pueda ser enjuiciada por la vía penal por haber permitido la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, porque su actuación, admiten, se enmarca en la dinámica de funcionamiento del Parlament.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, lanzó una advertencia al discurso de abertura del año judicial, cuando prometió utilizar "todos los órganos jurisdiccionales", también los penales, para combatir el proceso soberanista. Así lo hace con Mas, Ortega y Rigau, para los que la Fiscalía mantiene las peticiones de desobediencia y prevaricación al TSJC, pero para los que en julio de este año –en su escrito de acusaciones– retiró el de malversación de fondos.

El caso más claro

Fuentes de la Fiscalía apuntan que el caso del exconseller de Presidència, investigado por ahora por desobediencia, prevaricación y malversación, es más claro de los cuatro. Según estas voces, lo es porque a diferencia de Mas, Ortega y Rigau, el juez del Tribunal Supremo dispone de un documento probatorio: la carta que Homs firmó e hizo llegar a la empresa informática T-Systems para que continuara con los trabajos a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional de hacer efectiva la consulta del 9-N.

Con esta base, dan por hecha una condena de inhabilitación para Homs por las acusaciones de desobediencia y prevaricación, y consideran que una vez Homs ha declarado en el Supremo el caso está casi terminado. La suya sería una condena a inhabilitación a la que posteriormente se podrían sumar también las de Mas, Ortega y Rigau.

Con todo, señalan que el escrito final que el Fiscal presentará delante del Supremo en el caso de Homs podría no incluir –como tampoco ha hecho al TSJC en el caso de los otros investigados– la acusación de malversación de fondos. El motivo es que –por ahora, y aunque no está clara cuál será la decisión final de la Fiscalía– no ven lo bastante sólidas las pruebas por esta acusación de malversación. Este es precisamente lo único de los tres delitos que podría comportar una pena de prisión, hecho que situaría Homs ante la posibilidad de enfrentarse únicamente apenas de multa e inhabilitación.

Forcadell y la vía penal

La pretensión inicial del gobierno español de encausar Forcadell por la vía penal genera dudas en el seno de la Fiscalía. En el escrito de incidente de ejecución de sentencia que el abogado del Estado presentó delante del Constitucional, el Ejecutivo de Rajoy pidió a los magistrados que "dedujeran testigo" en la Fiscalía, es decir, instó al Ministerio Fiscal a abrir la vía penal contra la presidenta del Parlament.

Una petición que el TC podría atender cuando aborde el caso Forcadell, una vez haya resuelto en las próximas semanas los recursos del gobierno vasco y la Generalitat contra la reforma de la Ley orgánica del TC que le otorga la potestad de inhabilitar, suspender o multar los cargos que hagan caso omiso a sus sentencias y resoluciones.

Cuando aborde el caso Forcadell, el TC tendrá la opción de utilizar las capacidades sancionadoras que queden vivas y, complementariamente, dar luz verde a la petición del gobierno español para traspasar el caso en la Fiscalía, de manera que la decisión sobre Forcadell habría pasado del gobierno español al TC, y del TC en la Fiscalía. Con todo, fuentes de la Fiscalía apuntan que es un caso mucho menos claro que los de Mas, Ortega, Rigau y Homs, y expresan dudas que se pueda sostener por la vía penal.

En primer lugar porque su actuación se enmarca en el funcionamiento de una cámara como es el Parlament, y porque la misma presidenta se cuidó en salud al advertir a los diputados de las posibles consecuencias de la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.