La Fiscalía pide nueve años y medio de inhabilitación para el expresident de la Generalitat Artur Mas y ocho años y siete meses más para las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta soberanista del 9-N.

La Fiscalía los acusa de haber desobedecido intencionadamente el TC y de intentar hacer creer que habían dejado la organización de la consulta en manos de voluntarios: "Generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así", dice el escrito de acusación. Y asegura que "los acusados eran plenamente conscientes de que con ello rompían el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional".

El Ministerio Público reclama además a Mas una indemnización de 36.000 euros y a las conselleres de 30.000. En el cierre de la instrucción el juez ya retiró el delito de malversación de dinero público que pedía la Fiscalía y que era lo que conllevaba la pena más alta, más grave y más ejemplificante: la prisión.

Los delitos que se imputan a Mas, Ortega y Rigau, sin embargo, sólo prevén, en este caso, penas de multa y de inhabilitación. A Mas el delito de desobediencia le cuesta 1,5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. A Ortega y Rigau, un año y un mes. La pena más alta es por prevaricación. Al expresident le cuesta 8 años y a las conselleres 7 años y medio.

La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación un día antes de que acabara el plazo aunque ya lo tenía a punto la semana pasada. La coincidencia de fechas, no obstante, con la cuestión de confianza a Puigdemont y la apertura del año judicial, ha hecho que el Ministerio Público esperara hasta hoy a hacer públicas las penas por los acusados.

El plazo de presentación de escritos, sin embargo, se ha ampliado a petición de la acusación particular. El juez les deja tiempo, ahora, hasta el 13 de octubre.

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La estrategia del desafío

El fiscal dice en su escrito de acusación que Artur Mas "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre del 2014. De este modo, el acusado Mas, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, dejó de suspender oficialmente la convocatoria".

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sanchez Ulled firman que el expresident Mas "se concertó con el resto de acusados para disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como todas las iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar la votación señalada para el día 09 de noviembre del 2014".

Govern opaco

La Fiscalía presume en su escrito de acusación de hacer una investigación extensa gracias a la cual se ha podido destapar la operación opaca del Govern de la Generalidad.

"Para un observador externo resultaba prácticamente imposible constatar con certeza la intensa utilización de medios públicos durante el tiempo en que tuvo lugar la preparación y desarrollo de la votación", dice el Ministerio Público.

Los fiscales Bañeres y Sánchez Ulled exponen que "esto contribuyó decisivamente a que los principales trabajos organizativos, logísticos y de apoyo fueran principalmente encomendados a contratistas privados", y califica la operación del Govern de "clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas".

"El detalle de actuaciones públicas encaminadas a hacer posible la votación no ha podido ser conocido sino tras la exhaustiva instrucción de la presente causa", concluye la Fiscalía justificando la investigación que ha servido para desenmascarar que el Govern estaba detrás de la consulta. Un hecho obvio desde el primer momento.

Artur Mas

Los argumentos de la Fiscalía contra el expresident Artur Mas se basan en que "intencionalmente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal" y incumplió lo que le pedían los jueces: "dejar sin efecto acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso ante varios departamentos y entes públicos de la Administración por él encabezada".

Por eso le pide 9,5 años de inhabilitación y 36.000 euros de multa.

Joana Ortega

La vicepresidenta "siguió ejerciendo el control público y la coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación", expone la Fiscalía.

El Ministerio Público le atribuye a Ortega la capacidad de su departamento de "impulsar" y coordinar todas las entidades públicas, funcionarios y todo el mecanismo administrativo para hacer posible la consulta.

Por eso le piden 8 años y 8 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa.

Irene Rigau

La exconsellera de Educació es la máxima responsable, según la Fiscalía, de poner los medios para ejecutar la consulta. "Actuó de forma coordinada con los anteriores poniendo a disposición de aquellos medios propios de su departamento, y así se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de centros de enseñanza secundaria titularidad de la Generalidad de Catalunya, con más o menos convencimiento individual, siguieran prestando el apoyo necesario para que los institutos pudieran ser condicionados los días 7 y 8 de noviembre y abiertos el día 9 para que la votación pudiera desarrollarse, garantizando con ello la disponibilidad de un conjunto estable de locales", dice el texto de acusación que califica los institutos " del principal espacio de desarrollo de la votación del día 9 de noviembre".

Y por eso a Irene Rigau le pide, como a Ortega, 8 años y 8 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa.

De nuevo: la web, el sistema informático y los 7.000 ordenadores

El escrito de acusación de la Fiscalía se basa, de nuevo, como ya lo hizo en su momento el juez Juan Manuel Abril, que llevó la instrucción, en las actuaciones públicas de logística. El sistema informático, la web institucional y los 7.000 ordenadores se muestran de nuevo como la gran arma del Govern para montar la consulta y los tres factores clave con los que la Fiscalía quiere desmontar las versiones de los acusados.

Sobre la web, la Fiscalía la "imprescindible" para la organización de la consulta y clave en la acusación para demostrar la implicación directa del Govern: "desempeñaría un papel crucial en la organización del mismo, ya que a través de ella se iba a pedir la colaboración de los ciudadanos que quisieran participar como voluntarios en el desarrollo de la votación y contenía el registro donde aquellos que quisieran participar podían inscribirse y obtener información detallada sobre la organización prevista".

Ensenyament es clave para la consulta y la Fiscalía lo hace notar dando un papel relevante a Rigau y a su departamento a lo largo del escrito de acusación. Expone como "se solicitó vehementemente" la colaboración de los directores de los institutos. Por el Ministerio Público también es clave que encaje prácticamente el número de ordenadores portátiles comprados, aparentemente como material docente, con el número de mesas de votación: "Resulta revelador detenerse en el número de ordenadores adquiridos, preparados e instalados: como se observa en la factura expedida por el CTTI al Departament d'Ensenyament, donde se consigna el concepto "TIC de carácter recurrente", se compran 7.000 ordenadores portátiles, 5.749 de 11'6" y 1.251 de 15". Pues bien, ocurre que el número de mesas de votación previstas para el día 09 de noviembre del 2014 era de 6.695 ".

Los testigos

La Fiscalía enumera en su escrito de acusación los testigos que cita a declarar en el juicio. En total hay 15, entre los que los inspectores de la conselleria que advirtieron a los directores de los centros Josep Alsina Dalmau, Jesús Rul Gargallo; la directora de educación secundaria obligatoria, Montserrat Llobet Bach; la directora del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat que se negó a entregar las llaves del centro para hacer la consulta, Dolores Agenjo Recuero; el inspector jefe de los Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas, Francisco Güell Roca; el presidente del grupo Focus, Daniel Ramón Martínez de Obregón; el asesor en materia de opinión pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joan Cañada Campos; y el director del CTTI, Jordi Escalé Castellón.

Las penas en la red

Ortega ya ha cargado contra la petición de la Fiscalía al considerar que "nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablara", un hecho que ha tachado de "inédito el mundo".