Un informe policial valida los audios de María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo que implican a Mariano Rajoy en el caso Kitchen, según explican medios como El País y la Cadena SER. La Unidad de Asuntos Internos de la policía española ha certificado la correspondencia directa entre las agendas personales del excomisario y las conversaciones que grabó en secreto con la entonces secretaria general del PP, y ha entregado el informe al juez instructor Antonio Piña, de la Audiencia Nacional. El informe aporta nuevos datos, en tanto que los agentes concluyen que los encuentros y los contenidos coinciden cronológicamente con los apuntes manuscritos de Villarejo. En el Congreso de los Diputados, Cospedal había asegurado que no reconocía la veracidad de los audios.
El documento da respuesta a un requerimiento dictado el pasado 9 de julio por el juez Piña, que instó a los agentes a buscar indicios de criminalidad contra Cospedal y su expareja, el empresario Ignacio López del Hierro, a raíz de las peticiones reiteradas por parte del PSOE como acusación popular. Concretamente, la resolución judicial ordenaba revisar tanto el material intervenido durante la detención del comisario como los audios difundidos por RAC1 sobre la supuesta limpieza de pruebas del caso Bárcenas. Destaca el momento en el que la ex secretaria general del PP atribuye de manera explícita al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el conocimiento del dispositivo para sustraer documentación al extesorero Luis Bárcenas.
Credibilidad total a los audios
La Unidad de Asuntos Internos precisa que no se han localizado correos electrónicos ni transferencias bancarias sospechosas en el material informático desencriptado —el 40% del cual continúa cifrado—, pero los investigadores sí que han podido establecer una concordancia plena entre los archivos publicados y los dietarios personales del excomisario. La policía otorga una credibilidad total a los cuadernos, tal como el inspector jefe, Gonzalo Fraga, ya defendió ante el tribunal, afirmando que Villarejo no se engañaba a sí mismo a la hora de programar sus reuniones diarias.
El informe pone el acento en un audio del 15 de septiembre de 2014, identificado como "Cospedal-Cataluña-15.9.14", en el cual la dirigente popular y el excomisario hablan sobre detalles concretos del operativo puesto en marcha en 2013 desde el Ministerio del Interior, que entonces lideraba Jorge Fernández Díaz. En la conversación, Villarejo explica que ha localizado información sensible sobre Bárcenas y confía en que el ministro ya la haya entregado a Rajoy. Cospedal responde que tiene información directa del hecho de que se había eliminado todo aquello que pudiera comprometer la cúpula del partido: "A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más". El encuentro y el contenido figuran en la agenda del excomisario bajo el código "Cospe", y los apuntes describen una reunión que se trasladó finalmente a la sede central del partido, con cuatro puntos temáticos —entre los cuales la petición de análisis políticos y la frase "promete pagar la deuda de 100"—.
El futuro judicial de Cospedal
Esta concordancia se añade a la detectada en audios del 20 de enero de 2013, cuando los diarios personales del excomisario registran numerosas menciones sobre pagos en metálico con las siglas de Rajoy y de Cospedal, como también referencias constantes a la documentación en manos de Bárcenas. Las grabaciones también profundizan en el control sobre el entorno del extesorero mediante la captación de su chófer, Sergio Ríos, bautizado por la trama con el sobrenombre "el cocinero". Los audios indican que el confidente percibía una remuneración de 2.000 euros mensuales provenientes de fondos reservados, a la vez que se oye al excomisario pidiendo a la ex secretaria general del PP que se otorgara una plaza de policía nacional al chófer para garantizar su silencio y evitar filtraciones. Un nombramiento que, efectivamente, se acabó consumando. Los diálogos también constatan conversaciones sobre una deuda de 100.000 euros que el PP tenía con Villarejo por sus servicios, con Cospedal admitiendo que intentaba obtener el dinero por otras vías. El excomisario propuso tramitar el pago de manera fraudulenta a través de la sociedad pública Enresa, cosa que la dirigente popular aceptó estudiar. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna transferencia bancaria de este tipo.
El caso Kitchen ya ha sido juzgado sin la presencia de Cospedal, después de que el juez Manuel García-Castellón decidiera archivar el procedimiento contra ellos en el año 2021, un sobreseimiento que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó en 2022. Ahora, el juez Piña pondrá el contenido del nuevo informe policial a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y de las diferentes acusaciones para valorar si son necesarias nuevas actuaciones.