Movimientos en Madrid. Los independentistas del Congreso de los Diputados ha exigido medidas contra las mentiras del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de que este miércoles unos nuevos audios del excomisario José Manuel Villarejo revelaran que fue el artífice de la Operación Catalunya. Esquerra Republicana, Junts, el PDeCAT y la CUP, junto con los vascos de EH Bildu y los gallegos del BNG, han presentado este viernes un escrito a la mesa de la cámara baja "para que tome las medidas oportunas y se dé traslado al Ministerio fiscal" a la vista de los mencionados audios publicados de Fernández Díaz, que muestran principalmente dos cosas: que "es el responsable de la operación parapolicial conocida como Operación Catalunya", de manera que "mintió en su comparecencia en sede parlamentaria".
En el escrito presentado, los independentistas recuerdan la afirmación que hizo el exministro en abril del 2017 durante la comparecencia en la comisión de investigación: "En los casi cinco años en los cuales he ejercido la responsabilidad del ministro del Interior nunca he despachado nada con el señor Villarejo". Pero los audios publicados por El País esta semana muestran que en diciembre del 2012 el excomisario explicó a Fernández Díaz las gestiones que él mismo realizó en relación con la Operación Catalunya. "Entonces, esta conversación no ha existido. A partir de aquí, ¿estamos en condición de judicializarlo en la Audiencia Nacional?", dice quién fue titular del Interior. Villarejo responde que sí.
¿Qué dice el Código Penal?
De todo esto se extrae que Fernández Díaz es el responsable de "la operación parapolicial" y que, consiguientemente, "mintió en su comparecencia en sede parlamentaria". Entonces, los diputados independentistas recuperan el artículo 502.3 del Código Penal: "Quien convocado ante una comisión parlamentaria de investigación falte a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Además, la ley de comparecencias en comisiones de investigación señala que "si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad por alguna persona, la comisión lo notificará así a la mesa de la cámara para que esta, en su caso mediante la presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio fiscal". Es por eso que ERC, Junts, PDeCAT, CUP, EH Bildu y BNG han pedido que se tomen las medidas oportunas y se traslade el caso en el mencionado Ministerio fiscal.
Por su parte, Fernández Díaz ha negado "rotundamente" haber mantenido contactos con Villarejo y ha insistido en ratificar "íntegramente" el contenido de sus declaraciones prestadas tanto en sede judicial como en sede parlamentaria. Así consta en un comunicado que su defensa remitió este jueves tanto en Efe como en Europa Press, "con motivo de las noticias publicadas en los últimos días".