Durante el primer debate en el Congreso de los Diputados, las formaciones independentistas ya advirtieron que la nueva ley de memoria democrática era del todo insuficiente. Tanto que, si no hay cambios, ni siquiera contaría con los votos para ser aprobada. En este contexto, los grupos de ERC, Junts, el PDeCAT, la CUP, EH Bildu y el BNG han decidido sumar esfuerzos y registrar una batería de enmiendas conjuntas. Se trata de cinco textos consensuados a partir de reclamos compartidos, como la modificación de la ley de amnistía del año 77 hasta el traspaso de edificios como la comisaría de Via Laietana en Barcelona. También la supresión del título de Rey.
Justamente sobre este último punto, los grupos independentistas proponen "singularmente la supresión del título de Rey y los privilegios que del mismo se derivan habida cuenta que fue otorgado por un régimen ilegal". En esta línea, añaden, "la jefatura del Estado fue institucionalizada por Franco sin que se sometiera a referéndum para que los ciudadanos pudieran escoger la forma de Estado".
Con respecto a la ley de amnistía del 77, proponen que la propia norma "no impida que los juzgados y tribunales investiguen, juzguen e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos". Los grupos argumentan que "sin estas modificaciones se sigue perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad" y recuerdan cómo los familias tienen que acudir a otros países para intentar que se haga justicia".
Otro punto central para las formaciones independentistas es la devolución de la titularidad y la museización de "edificios emblemáticos y símbolos de la lucha antifranquista". Por este motivo proponen la "restitución de la titularidad de la Jefatura superior de policía de Via Laietana de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, así como el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia". Este traspaso iría acompañado de la "debida dotación" para su transformación en lugar de memoria.
Los independentistas también reclaman un "reconocimiento de la persecución cultural y lingüística" durante la dictadura. "Durante el franquismo se intentó la armonización identitaria prohibiendo la enseñanza en lengua que no fuera la castellana, así como las publicaciones y su uso en cualquier situación", justifican los grupos firmantes de las enmiendas. Por eso consideran que "el Estado debe reconocer y reparar el daño causado a la cultura por motivos políticos durante el régimen".
Finalmente, los grupos constatan cómo, durante la guerra civil y la dictadura, el franquismo confiscó bienes y patrimonio de ateneos y asociaciones culturales y otras personalidades jurídicas. En este sentido proponen el establecimiento de un mecanismo para el "reconocimiento y reparación del espolio al que fueron sometidas tales instituciones".
Una ley insuficiente
La nueva ley de memoria democrática del Gobierno, catorce años después de la primera, superó ahora hace un mes el primer trámite en el Congreso de los Diputados. Es cierto, logró aprobar el debate de las enmiendas a la totalidad. Pero también lo es que, hoy por hoy, no dispone de la mayoría parlamentaria que desearían desde La Moncloa. Por una parte, no cuenta con el apoyo de una derecha y extrema derecha dispuestas a dinamitarlo todo. Pero tampoco de formaciones históricas de izquierdas como ERC, que, como el resto de formaciones independentistas, denunció todas las carencias y déficits del proyecto del ministro Félix Bolaños.
La respuesta del PSOE
Este mismo lunes ha habido respuesta del PSOE a las pretensiones independentistas de suprimir el título de Rey. En la misma línea que siempre, el portavoz de la ejecutiva, Felipe Sicilia, ha cerrado la puerta. "Saben cuál es la posición del PSOE, que hemos manifestado a través del Congreso. Y hoy en día nosotros respetamos el pacto constitucional, la monarquía parlamentaria, el papel de la figura de Felipe VI, y por tanto ahora mismo para nosotros esto no supone ningún debate", ha asegurado Sicilia en rueda de prensa. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que tendrán los números para aprobar la nueva ley llegando a acuerdos con formaciones de izquierdas. Ha evitado posicionarse sobre un eventual traspaso de la comisaría de Via Laientana.