La enminenda a la totalidad del PP a la proposición de ley para crear el impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas ha sido desestimada por el pleno del Parlament.

Ahora se inicia el periodo de enmiendas de la ley que tiene que servir para definir el impuesto con concreción. Este impuesto busca combatir el fraude y la evasión fiscal que grandes rentas hacen a través de empresas pantalla: es decir, comprando artículos de lujo a nombre de sociedades mercantiles y tributando menos que quien compra el mismo artículo y lo pone a su nombre.

Este nuevo impuesto forma parte del acuerdo entre JxSí y la CUP para permitir el inicio del trámite parlamentario de los presupuestos del 2017. Se tramita en paralelo a los presupuestos y la ley de acompañamiento a fin de que el nuevo impuesto pueda entrar en vigor y se empiece a recaudar el año que viene, y aumentar el techo de ingresos de la Generalitat. El PP había presentado una enmienda a la totalidad que no ha prosperado con los votos en contra de JxSí, PSC, CSQP y la CUP y la abstención de C's.

El diputado de la CUP Benet Salellas ha sido el encargado de defender el impuesto, que ha justificado para "generar más ingresos públicos para hacer políticas públicas cuenta la desigualdad". Salellas ha reconocido que "no es fácil pero es un buen punto de partida".

Salellas ha agradecido a la directora general de Tributs, Marta Espasa, su esfuerzo para "darle a la cabeza" y buscar rendijas para crear este nuevo impuesto y evitar el conflicto de competencias con el Estado.

¿Cuál es el objetivo?

Salellas ha listado los objetivos que persigue este impuesto: "Lucha contra la concentración de la riqueza en pocas manos; no gravar la generación de riqueza de rentas del trabajo sino la transmisión de riqueza; también busca la equidad vertical del sistema fiscal porque a más riqueza, hay menos contribución de las rentas del trabajo; busca recaudar más dinero; hacer un censo por controlar democráticamente la riqueza para luchar contra el fraude", ha enumerado.

"Queremos incentivar el uso productivo de la riqueza, queremos castigar las manos blancas, que tienen riqueza pero no le dan función social," ha argumentado y ha añadido que "si no redistribuimos, la desigualdad se hace insoportable".

El debate

El PP se ha quedado solo en la enmienda a la totalidad a la proposición de ley. El diputado Santi Rodríguez ha tildado la propuesta de inconcreta y vacía, desde el punto de vista teórico. "Nos oponemos porque generará deslocalizaciones, pérdida de sitios de trabajo y tendrá un efecto contrario", ha asegurado argumentando que no se recaudará más.

"No hay memoria de impacto económico, no sabemos ni la estimación de recaudación ni a quien afectaría y sus efectos", ha concluido.

Desde Ciudadanos, Antonio Espinosa ha lamentado que la ley está llena de prejuicios ideológicos e indefiniciones jurídicas múltiples.

Desde JxSí, Carmina Castellví ha destacado que "este es un buen paso para que quién más tiene, pague más" y ha recordado que también es el impuesto de JxSí.

Los socialistas y los Comunes han coincidido en votar en contra de la enmienda a la totalidad y han anunciado que intentarán mejorarla en el trámite parlamentario.

El impuesto

El nuevo impuesto para gravar los activos no productivos que están a nombre de una empresa pero tienen un uso particular para evitar pagar el impuesto de patrimonio será progresivo con un máximo del 1%. Se aplicará a cuatro tipos de activos: bienes inmuebles, vehículos de motor igual o superior a 200 caballos, embarcaciones de ocio de 8 metros de eslora o más y aeronaves.

En todos los casos se trata de bienes que se destinan a actividades y usos privados, o que se alquilan a los propietarios o socios de la entidad a la que están vinculados los activos. La base imponible se calculará sumando el valor de todos los activos no productivos y se establece un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 si no incorpora ningún inmueble. El tipo impositivo es progresivo con un máximo del 1% y se devengará el 30 de junio de cada año.

La proposición de ley presentada deja exentos de pagar el impuesto a las administraciones públicas, las representaciones diplomáticas y oficinas consulares en Catalunya y los bienes de fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro.