La irrupción de Vox en el Parlament ha supuesto un descalabro profundo en la cámara catalana y los partidos independentistas. Los comunes están decididos a neutralizar, en la medida de lo posible, la acción de los once diputados de ultraderecha. En virtud del pacto antifascista rubricado durante los primeros compases de la legislatura, estas formaciones se han sumergido en la búsqueda de la cobertura legal necesaria para impedir que de los ocho senadores que debe designar el Parlament uno sea de Vox. La vía escogida es la fórmula Imperiali, una variante de la ley d'Hont.

Aplicando este sistema de cálculo a los resultados del 14-F, el reparto de senadores sería el siguiente: 3 para el PSC, 3 para ERC y 2 para Junts per Catalunya. Así lo ha aprobado la Junta de Portavoces, reunida este martes al mediodía. La propuesta la ha expuesto la portavoz de ERC Marta Vilalta y ha contado con el aval de los republicanos, Junts, la CUP y los comunes. La decisión ha encendido el encuentro y ha chocado con la oposición frontal ―e insuficiente― del PSC, el PP, Cs y los principales afectados, Vox.

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Los diputados de Vox en el Parlament / Pau de la Calle

La rendija

Lo cierto es que ni el reglamento del Parlament ni tampoco la ley específica que regula la designación de los senadores fijan qué método tiene que utilizar la Junta de Portavoces para distribuir a los senadores. Sólo se explicita que debe ser proporcional. Esta es la rendija que han aprovechado los grupos del bloque soberanista promotores del cordón sanitario a Vox, que han visto como el PSC se descolgaba con el argumento de no alimentar el victimismo de la ultraderecha ni sentar precedentes que den pie a silenciar minorías.

En cualquier caso, y a pesar de que Vox amenaza con ir al TC, todas las fuentes coinciden en que difícilmente una impugnación pueda tener recorrido.

La CUP, también sin senador

Será la primera vez que la cámara catalana adopte este mecanismo para repartir a los ocho senadores autonómicos que le toca enviar a la cámara alta. Habitualmente se ha utilizado el sistema de restos mayores y, en alguna ocasión, se han asignado a partir de la ley d'Hont. Si se aplicara cualquiera de estos dos cálculos, se debería haber asignado uno de los senadores a Vox. Con restos mayores habrían tocado 2 al PSC, 2 a ERC, 2 a Junts, uno a Vox y otro a la CUP. Con d'Hondt, habrían sido 3 para el PSC, 2 para ERC, 2 para Junts y uno para Vox. Para evitarlo, se ha optado por la variante Imperiali.

La "imperial estafa" de Vox

Los grupos contrarios a la aplicación de esta herramienta califican la actitud del bloque soberanista de totalitaria y lamentan que es antidemocrática. En estos términos se han expresado los portavoces de Cs, el PP y el PSC. A pesar de discrepar, sin embargo, no han querido ir más allá y descartan ir a los tribunales para revertir la decisión. De hecho, ni siquiera los letrados se han pronunciado al respecto.

Quien sí que ha anunciado una ofensiva judicial es el grupo afectado. Como ya adelantó la semana pasada, el portavoz de Vox ha explicado que su grupo recurrirá al Tribunal Constitucional para reivindicar su derecho electoral a obtener un senador autonómico. En paralelo, estudiarán posibles querellas por prevaricación contra los miembros de la Mesa. Lo han bautizado como "imperial estafa". 

 

En la imagen principal, los diputados de Vox en el Parlament / Pau de la Calle

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