El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este sábado el que ha considerado uno de los proyectos más importantes de esta legislatura. Se trata del proyecto de la variante de Olot y les Preses (Girona), que prevé conectar las carreteras A-26 y C-37, y que supone una inversión de 470 millones de euros, con una a previsión de que las obras se liciten este 2026, comiencen en 2027 y se alarguen unos 55 meses, de manera que la infraestructura no entraría en funcionamiento hasta mínimo el 2031. Esta obra ha generado movilizaciones de rechazo en los últimos meses entre agricultores y organizaciones de vecinos de la Vall d'en Bas por su potencial impacto ambiental y en zonas agrícolas. En su parlamento, Illa, en mención implícita a esta situación, ha defendido que "gobernar es decidir" y que "el país no puede quedarse parado". "Se debe escuchar a todo el mundo, pero también se deben tomar decisiones", ha afirmado el presidente, que ha puesto como ejemplo el proyecto para ampliar el Aeropuerto Josep-Tarradellas Barcelona El Prat, rechazado por sus dos socios de investidura, ERC y Comuns.

Illa ha presentado el proyecto en Olot (Garrotxa), acompañado de la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; el alcalde de Olot, Agustí Arbós, y el director general de Infraestructuras y Movilidad, David Prat. Ha defendido que el proyecto de esta variante supone un “nuevo paradigma”, con un 40 % del trazado soterrado, y una inversión de cerca de 500 millones. “Vale la pena hacer este esfuerzo”, ha recalcado el presidente, y tener paciencia durante los cerca de cinco años que se prevé que duren las obras porque, señala, “transformarán la comarca y mejorarán su viabilidad y conectividad”. Además, ha destacado que se trata de una obra planificada con criterios de “excelencia” y que se han encargado los estudios necesarios para garantizar la preservación del territorio y de un acuífero en la zona. Illa también ha remarcado que, para “generar prosperidad”, es necesario seguir invirtiendo en infraestructuras, y ha destacado otros proyectos de movilidad como la variante de la C-59 en Sant Feliu de Codines (Barcelona), la B-40 entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) y el tranvía del Camp de Tarragona. “Aquí tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo en el ámbito de Rodalies y en el ámbito aeroportuario”, ha añadido.

Una variante de “nueva generación”

El director general de Infraestructuras de la Generalitat, David Prat, ha asegurado que, más que una nueva carretera, se trata de una "variante de nueva generación" que busca la máxima integración posible con el territorio y afectar lo mínimo posible a la fauna. La licitación de la obra en sí se elevará hasta los 450 millones y se dividirá en cinco lotes, mientras que otros 20 millones se destinarán a actuaciones "compensatorias y complementarias". La nueva vía, que tendrá unos 11 kilómetros, estará soterrada en un 40 %. La actuación incluye la construcción de un túnel de 2,7 km, que atravesará el cerro de la Pinya y también el soterramiento de 900 metros alrededor de la escuela de Ventallat, en Les Preses, y de 230 metros en la zona urbana de Olot Norte. Contará con siete enlaces con carreteras cercanas y permitirá reducir un 60 % el tráfico rodado que pasa por Les Preses (18.200 vehículos al día) y un 30 % el que circula por Olot (más de 15.000). 

El proyecto también contempla la construcción de dos viaductos "para minimizar el impacto de la variante sobre el territorio": uno sobre el río Fluvià, de 540 metros, y uno sobre el río Ridaura, de 500 metros. En cuanto a la integración ambiental, se prevén diversas actuaciones como plantaciones de árboles y arbustos o la hidrosiembra de taludes. También se impulsarán medidas compensatorias, como limpiezas del entorno del río Fluvià o la mejora de la travesía de les Planes.

La consejera Paneque ha destacado que la variante permitirá mejorar la gestión de la movilidad, aportará más seguridad vial y hará que los vecinos de la ciudad vean mejorada su calidad de vida, ha indicado. La consejera ha recordado que esta es una obra que hace años que se plantea, ya que los primeros estudios informativos datan de 1994. Ha destacado también la “complicidad” que ha existido entre el Govern de la Generalitat y los ejecutivos municipales directamente afectados.