Una semana después de la muerte digna de Noelia Castillo, la joven catalana que había solicitado la eutanasia dos años atrás y que se había tenido que enfrentar a un largo procedimiento judicial iniciado por su padre, sigue trayendo cola. Este miércoles se ha sabido que la administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de la joven en un centro de Sant Pere de Ribes y ha exigido que España dé explicaciones por este caso, según publica en exclusiva The New York Post. Aparte de este posicionamiento desde el otro lado del Atlántico, donde el caso de la chica ha generado mucho revuelo y las redes iban llenas de publicaciones sobre su eutanasia, en Catalunya, Abogados Cristianos, la entidad ultra que ha acompañado al padre de Noelia durante todo este proceso, han denunciado a la médica que tramitó la eutanasia por un presunto delito de prevaricación. Ahora, ante estos ataques en diferentes frentes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha publicado un tuit donde asegura que el Govern "defenderá con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que quiera dañar su valía y actuación".
"Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo", ha añadido el president de la Generalitat, que, como ministro de Sanidad del gobierno español fue uno de los impulsores de esta ley pionera, aprobada por el Congreso justo antes de que Illa abandonara el ministerio para presentarse a las elecciones al Parlament que acabaría ganando. Entonces, Illa ya describía la aprobación como un avance importante de derechos y aseguraba que "como sociedad, no nos podemos permitir ser impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura para afrontar esta cuestión".
En la denuncia de Abogados Cristianos por un presunto delito de prevaricación, al considerar que la médica tenía un conflicto de intereses y que, por ello, no podía haber intervenido en el procedimiento. En concreto, se indica que la doctora coordinaba el procedimiento de la eutanasia y redactó a mano la solicitud de la paciente, incluyendo como primer punto que la chica deseaba ser donante de órganos y tejidos. Desde la entidad ultra, consideran que no fue Noelia quien lo pidió, sino la sanitaria, que también es coordinadora de trasplantes en el hospital donde se practicó la eutanasia, el Consorcio Sanitario Alt Penedès-Garraf, en Sant Pere de Ribes. Para la fundación ultra, todo ello "contraviene la normativa y habría comprometido las garantías del procedimiento".