Más allá del futuro incierto de los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno español y que mañana viernes pasarán el examen final en el Congreso —donde el "no" del PNV al segundo texto lo aboca al fracaso—, la problemática continuará vigente. Esta es la reflexión que hacen desde la Iglesia española, según ha expresado el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Mangán, que ha descrito los dos textos aprobados por la Moncloa como una "solución puntual, un parche para el problema". Por ello, ha reclamado ir mucho más allá y alcanzar un pacto de Estado que englobe a todas las fuerzas políticas para evitar politizar en un asunto que afecta de lleno a la vida de la ciudadanía, que cada vez tiene más dificultades para poder acceder a viviendas de alquiler o para poder pagar una hipoteca. Este planteamiento de García Mangán parece, a estas alturas, difícil de alcanzar en un panorama de mucha polarización y donde los consensos entre los partidos cada vez son menos habituales.
"Reaccionamos solo en un momento de emergencia, pero tenemos que ver de verdad cuál es la causa sistémica", ha analizado el portavoz de los obispos españoles en una rueda de prensa posterior a su Comisión Permanente. Esta se celebró a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, la vecina de Madrid que ha sido desahuciada de su casa y que ha provocado un aluvión de movilizaciones para reclamar al Gobierno español y también a los partidos la aprobación de los decretos. Por ello, ha considerado que hay que ir mucho más allá de dos decretos "reactivos" e ir a buscar una "política de Estado que vaya más allá de la legítima alternancia política".
Los obispos avalan las acampadas
Preguntado por las acampadas en la Puerta del Sol —que han tenido su réplica en la plaza Catalunya en lo que parece un viaje de quince años en el tiempo—, García Mangán ha considerado que está "muy bien" que la gente se manifieste en estos términos como "derecho" recogido en la Constitución, pero ha reclamado que estas protestas se hagan dejando la violencia al margen. "Nosotros ni animamos ni desanimamos, porque cada uno sabrá en conciencia lo que tiene que hacer. Está muy bien porque el derecho a manifestación es un derecho democrático en nuestra Constitución, pero todos estos derechos se tienen que conjugar con el resto", ha reflexionado. Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa asustada por esta acampada organizada por el Sindicat de Llogateres y ha decidido ir a los tribunales para conseguir su disolución. Concretamente, su gobierno autonómico presentará un recurso contencioso administrativo para reclamar la disolución inmediata vía medidas cautelarísimas.