La Iglesia católica ha inscrito 3.722 inmuebles a su nombre, sin ningún título que acreditara su propiedad, según el Govern. Las inscripciones, hechas entre 1946 y el 2015, son mayoritariamente construcciones de culto (50%), como ermitas o cementerios, pero también terrenos rústicos y edificios como rectorías o palacios. La demarcación más afectada es Lleida, sobre todo los Pallars y el Alt Urgell, con el Pont de Suert encabezando el ranking.

El ejecutivo creará una oficina de mediación para que las partes se sienten a negociar, pero los afectados dicen que no hay nada que hablar porque es "una ilegalidad y un robo". La Iglesia llevó a cabo las inmatriculaciones amparada por una ley franquista en vigor hasta el 2015 que le permitía actuar como notario.

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Plano general de la ermita de Sant Pere de Vallhonesta, en Sant Vicenç de Castellet, con Joan Casajoana, que asegura ser su legítimo propietario. / Foto: ACN

Los registros que ahora ha hecho públicos el Govern muestran como Lleida es la provincia catalana donde la Iglesia católica ha inscrito más inmuebles a su nombre, con más de 2.100. También agrupa las tres comarcas más afectadas de toda Catalunya, que son el Pallars Sobirà, donde se han realizado el 11,2% de las inmatriculaciones; el Pallars Jussà, con 7,9%; y el Alt Urgell, con 7,7%. Por municipios, el Pont de Suert (Alt Urgell) y Olesa de Bonesvalls (Alta Ribagorça), con 82 inmatriculaciones cada uno, son las localidades que acumulan más.



Con respecto al resto de provincias, en Barcelona se han contabilizado más de 700, casi 500 en Girona y casi 400 en Tarragona. De estas demarcaciones, destacan los registros de Anoia, con el 7,1% de las inmatriculaciones, y de la Cerdanya, con el 5%.

Los datos constan en el conjunto de los registros de la propiedad de Catalunya, y desde ahora se pueden consultar en un mapa interactivo donde se puede ver el número de fincas, el tipo, la ubicación, el registro correspondiente y la titularidad de los inmuebles.

 

Una oficina para llegar a acuerdos

Ante una inmatriculación, si el legítimo propietario quiere recuperar la finca, se tiene que dirigir a los juzgados para demostrar documentalmente que el inmueble le pertenece. Esta acción no prescribe y, por lo tanto, no hay límite de tiempo para presentar la demanda.

Con el objetivo de "llamar" a la mediación entre las partes que reclaman la propiedad, el Departament de Justícia ha creado la Oficina de Mediación sobre Inmatriculaciones, un servicio que pretende servir para llegar a acuerdos extrajudiciales, por la vía del diálogo.

Actualmente la mayor parte de las disputas son por la inscripción de lugares de culto ubicados en propiedades privadas y solares rústicos, así como de equipamientos deportivos y plazas públicas en torno a iglesias y rectorías. Entre los lugares de culto, destacan conjuntos monumentales que son patrimonio histórico y cultural, pero también hay, incluso, equipamientos deportivos.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado que no se trata de señalar a nadie con el dedo, sino de buscar soluciones. "Que en ningún caso haya privilegios para nadie, es una medida a favor de resolver los problemas", ha añadido.

Desde el Obispado de Vic insisten en que, si se demuestra algún error en una inmatriculación, serán los primeros a resolverlo.

"No hay nada que negociar porque nos han robado"

Para Joan Casajoana, el campesino que inició la lucha ahora hace unos años, la cifra de 3.700 fincas "se queda corta". Casajoana asegura que "los listados sirven para nada". "Lo único que sirven es para dar la razón a aquellos a quienes antes nos decían que éramos unos locos", asegura. Con respecto a la oficina de mediación, Casajoana cree que con la Iglesia no hay nada que negociar, ya que lo que han hecho "es un robo y una ilegalidad".

A Casajoana le han devuelto la antigua masía familiar después de que el Obispado de Vic reconociera el error, pero falta el cementerio y la iglesia de Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet, del siglo XVII y única por su tipología, ya que tiene doble espadaña. Ahora, el propietario ha decidido ir por la vía judicial.

"La Iglesia tendría que ser coherente y solidaria"

El presidente de la Asociación de Micropueblos de Catalunya, Mario Urrea, confía en que la Iglesia "será razonable" y se pondrá a negociar. "Creo que no es el camino ni la manera de actuar, y menos una Iglesia que tendría que ser mucho más solidaria y coherente, y que el pecado capital de la avaricia no lo tendría que tener", ha asegurado.

Un grupo de trabajo para impulsar un cambio normativo

El Departament de Justícia ha impulsado la constitución de un grupo de trabajo para identificar los supuestos que puedan exigir una actuación pública orientada a recuperar los bienes que tengan que ser disfrutados por el conjunto de la sociedad, para dar apoyo institucional a los municipios en el ejercicio de acciones análogas, para facilitar la consecución de acuerdos y para impulsar las medidas legislativas que se consideren necesarias. Este grupo de trabajo, que se pondrá en funcionamiento en septiembre, contará con los órganos de la administración catalana competentes en materia de registros de la propiedad, patrimonio de la Generalitat y patrimonio cultural, cooperación con la Administración local y asesoramiento y defensa en derecho de la Generalitat.

La primera administración que publica las immatriculaciones

La Generalitat es la primera administración que hace públicas las inmatriculaciones de la Iglesia. Ha optado por hacerlo después de que el ejecutivo español hiciera caso omiso de la Resolución 419/X del Parlament, de 13 de noviembre de 2013; e incumpliera la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, de 4 de abril de 2017, que exigían transparencia al Estado en relación con los bienes que la Iglesia ha inscrito en el registro sin ningún título de propiedad. También ha instado a su divulgación el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), con la Resolución 498/2016, de 9 de octubre de 2019. Hay que recordar que el Gobierno dispone de la lista de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el 6 de febrero de 2018, pero nunca lo ha difundido.

Fincas inscritas en virtud de una ley de 1946

La polémica sobre los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia tiene el origen en la ley hipotecaria que el franquismo aprobó en 1946. Esta norma, vigente hasta diciembre de 2015, establecía que la Iglesia, igual que la Administración, podía inmatricular una finca aunque no tuviera ningún título que acreditara su propiedad. Concretamente, el artículo 206 facultaba a los propios diocesanos para acreditar la propiedad de los bienes inmatriculados, como si fueran notarios. Las autoridades eclesiásticas sólo tenían que extender un certificado que hiciera constar el título o modo con que estos bienes fueron adquiridos, requisito que a menudo entendían satisfecho con una alusión genérica en la posesión de los inmuebles desde tiempos inmemoriales.

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