Dos días después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra los miembros independentistas de la Mesa de la última legislatura, este miércoles el Parlament les ha dedicado un recibimiento institucional.

Al acto, celebrado en el despacho de audiencias de la cámara catalana, han asistido el presidente del Parlamento, Roger Torrent, el vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, También han asistido el vicepresidente primero, Josep Costa, los secretarios primero y cuarto, Eusebi Campdepadrós y Rut Ribas, y la diputada de la CUP Maria Sirvent.

Como es evidente, han asistido todos los miembros condenados: Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Corominas. También ha asistido la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que finalmente fue absuelta por el tribunal.

Torrent ha sido el encargado de darles la bienvenida y ha asegurado que "hoy es un día de denuncia contra esta sentencia injusta que viene a decir que los tribunales pueden decir qué puede y que no puede debatir el Parlament".

El presidente de la cámara catalana ha calificado la sentencia del TSJC "de incomprensible"."Es del todo incomprensible desde un punto de vista democrático", ha insistido.

"Esto es un despropósito judicial y es vergonzante. Subraya el escándalo del hecho de que Carme Forcadell esté en la prisión. Hoy de nuevo reclamamos la amnistía para los miles de ciudadanos represaliados que hay en este país. Hoy es un día para defender del derecho a la iniciativa parlamentaria", ha añadido.

Aplausos en el pleno

Este calor de la institución ya se había visto horas antes cuando, durante el pleno, todos los diputados presentes de las formaciones independentistas han aplaudido a Guinó, que actualmente es diputado de JxCat y alcalde de Besalú (La Garrotxa), mientras formulaba una pregunta al conseller Sàmper.

La sentencia

La Sala Civil y Penal condenó a los cuatro exmiembros de la Mesa a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público electo de cualquier ámbito y a pagar una multa de 30.000 euros. Por lo tanto, ninguno de ellos se podrá presentar a las próximas elecciones.

En cambio Boya quedó absuelta porque el tribunal argumenta que no fue advertida nominalmente por el TC y no ostentaba una posición de intervención en los hechos compatible con el tipo penal de la desobediencia.

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