El Congreso ha acogido este miércoles un desfile de tres padres de la Constitución en el seno de la comisión de evaluación del Estado autonómico. El primero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha defendido una "mutación" del texto constitucional, en vez de una reforma de la Carta Magna, para reconocer las asimetrías territoriales de España. El jurista, si bien, ha descartado que se lleve a cabo para "premiar la delincuencia", como se ha referido a la vía unilateral independentista, a la vez que ha avalado el 155: "No se puede negociar el retorno de nadie a la legalidad. Hace falta aconsejar y forzar este retorno" ha expuesto en ausencia de ERC y el PDeCAT, que se negaron a formar parte de este órgano, así como Podemos, PNV y EH Bildu.

"No se puede hacer una reforma desde fuera de la Constitución, extralegal" ha dicho Herrero de Miñón sobre la vía de los hechos de la Generalitat. Su crítica ha ido más allá cuando ha comparado la violencia de género con el proceso de secesión. "Si un hombre justifica ante el juez que no soportaba a la mujer, eso no le exime de ser un criminal", se ha recreado, en la misma línea que han criticado la mayoría de partidos estatales –PSOE, Ciudadanos, incluso Unidos Podemos– y el Gobierno la vía de la unilateralidad.

En consecuencia, el diputado de UCD durante la Transición ha recomendado una reinterpretación de los textos constitucionales para alcanzar un acuerdo unánime, y no una reforma. Este procedimiento se llama "mutación" y se haría mediante una disposición en la carta magna –lo que evitaría un referéndum. A su parecer, la enmienda pasaría por la recentralización: acabar con las competencias compartidas y definir una lista de materias exclusivas y propias del Estado. Estas no se podrían ceder y tendrían que ser más que suficientes. Lo mismo ocurriría con las propias de las autonomías. Ha defendido además la reforma del Senado, para dar un papel más importante a la conferencia de presidentes autonómicos.

Asimismo, Herrero de Miñón ha criticado la propuesta federal del PSOE –como también hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ha considerado que "no era conveniente", inconcreta, costosa para la superposición administrativa y que generaba polémica en la opinión pública. Ahora bien, sí se ha posicionado del lado de la asimetría, "sin que implique una carencia de las necesidades de los ciudadanos". Aquí ha recordado que los padres de la Constitución buscaron en un origen acomodar las diferencias de Catalunya y el País Vasco, aunque más tarde "por motivos políticos" se extendió el café para todos y los administrativistas no vieron "una realidad más allá" de la ley.