Nada es casual. La jueza que encarceló a los Jordis y a los consellers catalanes, Carmen Lamela, es hermana de la interventora general del Estado, María Luisa Lamela Díaz, la encargada, pues, de controlar las finanzas de la Generalitat (y también del resto de territorios). Esta conexión entre política y justícia se desprende del portal de transparencia del gobierno español, una conexión que ha empezado a correr este miércoles por la noche por Twitter.

Entre las tareas que se le atribuyen, la hermana de la jueza de la Audiencia Nacional tiene en en sus manos el seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas, lleva la contabilidad pública y es la persona que se relaciona con las diferentes haciendas territoriales para formarlas en las cuentas económicas del sector público. Es, pues, la persona encargada de controlar los fondos comunitarios de todos los territorios.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cuelga del Consejo de Ministros, aunque según se puede leer en la web del gobierno español su gestión es "independiente" a la actividad del ejecutivo del PP, cosa que destacan hasta tres veces en sólo siete párrafos de texto.

De hecho, y comoya es sabido, la Audiencia Nacional tampoco tendría que depender, por nada, de los de Mariano Rajoy, y así se puede encontrar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de enero de 1977, dondese asegura de que "la seguridad jurídica de los ciudadanos es piedra angular del Estado de Derecho" y, sustentan que, por lo tanto, "su consecución requiere la existencia de una Administración de Justicia independiente, técnicamente objetivada y adecuada funcionalmente para asegurar un proceso lleno de garantías y una decisión judicial rápida y justa.

¿Conexiones casuales?

Este no es el único cargo público que ha ocupado María Luisa Lamela. Dentro del IGAE ha realizado varias funciones, ha estado en la Secretaría de Hacienda de Cristóbal Montoro, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en las Representaciones Permanentes de España delante de la Unión Europea, ha sido jefe del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE y directora a la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea. También ha sido interventora delegada a la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, directora del Departamento de Servicios y Coordinación Territorial del Ministerio de Hacienda y directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio citado.

Lamela, sin embargo, no es el único que tiene hermanos dentro de un cargo público. El coronel de la Fiscalía encargado de gestionar el dispositivo policial de la jornada del referéndum del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, es hermano del expresidente del Tribunal Constitucional y exmilitante del PP, Francisco Pérez de los Cobos, quien intentó engañar a la comisión que escoge a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haciendo ver que sabía inglés y francés y suspendiendo, finalmente, el examen con un cero.

También el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que hasta las últimas elecciones españolas fue jefa de la Oficina Económica del gobierno español, es el hermano de Alberto Nadal, que antes había ocupado el cargo de secretario de Estado de Energía.

Y no sólo eso. Muchos de los miembros del ejecutivo de Rajoy mantienen algún tipo de conexión familiar. Uno de los acusados por el ataque al Centro Cultural Blanquerna de Madrid el año 2013, Iñigo Pérez de Herrasti, que se salvó casualmente de la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo gracias al Tribunal Constitucional, es el cuñado del portavoz del gobierno del PP y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y, todavía más, es primo del exministro de Defensa Pedro Morenés Eulate.

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