El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) gastó un total de 17.703,36 euros en hoteles para un total de 47 personas que llegaron a Barcelona en las fechas previas al referéndum del 1-O para actuar como observadores internacionales o bien de acompañantes, según ha podido acreditar la Guardia Civil en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y que ya obra en poder del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga al Govern de Carles Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con el procés. Entre ellos había un miembro de EH Bildu (Josu Juaristi), un miembro de Alternativa Galega (la eurodiputada Lidia Senra) y cuatro miembros del Sinn Féin.
En el informe, con fecha 9 de marzo, la Guardia Civil suma dichos gastos "logísticos" a otros 18.835,76 euros en vuelos y 4.052,1 euros que se habrían empleado en financiar los actos en los que estas personas participaron, lo que hace un total de 40.591,2 euros. Señala como responsable directo de su pago a Albert Royo, que fue secretario general de Diplocat desde 2013 hasta el 31 de octubre de 2017, cuando fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Los pagos en algunos de estos hoteles, como el Praktik Bakery de Barcelona, se abonaron con una tarjeta Diners Club manejada por Royo, responsable de la institución cuya responsabilidad última corresponde al conseller de Exteriores Raül Romeva, procesado en la causa y actualmente en prisión preventiva por orden de Llarena.