La operación Volhov está salpicando directamente al Govern a raíz de la transcripción de conversaciones de algunos de los investigados, y en particular del exdirigente de ERC Xavier Vendrell, con miembros del ejecutivo catalán. Los investigadores sostienen que una comida que mantuvo Vendrell con la consellera de Salut, Alba Vergés, el pasado 2 de octubre demuestra que el exdirigente republicano intentó aprovechar su influencia ante Esquerra para obtener contratos.
Aunque la consellera de Presidència, Meritxell Budó, se ha intentado refugiar tras un secreto de sumario ya inexistente, la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu de este martes se ha visto marcada por las preguntas sobre las acusaciones de malversación y tráfico de influencia que contiene la operación, que se conoció el miércoles pasado y que provocó en un primer momento la detención de 21 personas, entre las cuales algunos altos cargos del Govern.
Budó ha evitado entrar a valorar las acusaciones que se plantean, que ha atribuido a un "relato para seguir criminalizando el independentismo". Pero también ha rehuido valorar si la reunión en el marco de una comida entre Vendrell y Vergés, podría violar del código ético y la Llei de transparència y bon govern, dado que no figuraban en la agenda oficial de la consellera.
"De las comidas privadas tendrían que hablar con las personas afectadas, no conmigo. Desconozco con quién cenan y comen mis compañeros de Govern", ha argumentado la portavoz.
Con todo, y ante las sospechas que plantea la investigación sobre un posible trato de favor y tráfico de influencias, Budó ha expresado la confianza en los trabajadores públicos y las contrataciones y compras que llevan a cabo.
De hecho, cuando se le ha preguntado directamente si Vendrell o el exdirigente de CDC David Madí tienen influencia a la hora de decidir los contratos del Govern, ha respondido con un rotundo no.