El Govern ve en la suspensión de los diputados presos y procesados por rebelión una intencionalidad política. Así lo ha denunciado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes. Preguntada sobre la cuestión antes de hacerse pública la decisión del juez Pablo Llarena, la consellera de la Presidencia ha criticado la voluntad de "alterar las mayorías parlamentarias".
A pesar de esta denuncia, el ejecutivo se ha situado al margen y ha reclamado "tranquilidad". En este sentido, ha dejado en manos de la Mesa del Parlament la adopción de cualquier medida para dejar sin efecto la suspensión decretada por el juez instructor del Tribunal Supremo.
Pablo Llarena hace constar en el auto "comunicar a la Mesa del Parlament" que los diputados Carles Puigdemonet, Oriol Junqueras, Jordi turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez, "han quedado suspendidos automáticamente y por el imperio del artículo 384 bis de la LECRIM- en las funciones y cargos públicos en que estaban "esarrollando" e insta a la Mesa a "adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal".