El Govern exige que la magistrada que instruye las diligencias previas contra los miembros del Consell Executiu por la convocatoria del referéndum, frene la acción del fiscal superior de Catalunya contra la convocatoria. El Ejecutivo ha presentado esta mañana un requerimiento ante el TSJC en este sentido, en que reclama que la magistrada Mercedes Armas requiera a la Fiscalía Superior de Catalunya para que "cese de forma inmediata la práctica de cualquier diligencia" relacionada con el 1-O.

Asimismo, en el mismo escrito, el Ejecutivo catalán hace constar una "protesta formal" por la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución, la ley orgánica del TC, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derecho Fundamentales de la UE.

El escrito está dirigido a la magistrada instructora de las diligencias previas 3/2017 –abiertas contra todo los miembros del Govern a raíz de la convocatoria del referéndum-, a quien se reclama que ordene a la Fiscalía que cese las actividades vinculadas a estas diligencias.

En la exposición de motivos se recuerda que el fiscal se querelló el 8 de septiembre contra todos los miembros del Govern a raíz de la firma de los decretos de convocatoria del 1-O, y que a partir de este momento ha asumido esta magistrada la actividad investigadora del caso. Se denuncia que, sin embargo, la Fiscalía ha querido también asumir "plenamente" la investigación de los mismos hechos, "ignorando por completo que la autoridad judicial ya está conociendo el tema y es por lo tanto la única responsable de dirigir la investigación".

El escrito tilda de "anómala" esta actuación en que incurren la Fiscalía Superior y las fiscalías territoriales, además de denunciar que "se perturba claramente la instrucción de la causa". Por esta razón, reclama la intervención de la magistrada instructora para ordenar adecuadamente la actuación de las partes y dirigir las diligencias de investigación para garantizar "neutralidad e imparcialidad".

"Nos encontramos pues ante una asunción ilegítima por parte de la Fiscalía Superior de Catalunya de la investigación general de los hechos denunciados", advierte el escrito, que argumenta que la Fiscalía no puede poner en conocimiento de la autoridad judicial un supuesto delito y al mismo tiempo "reservarse la investigación al margen o en paralelo al órgano judicial competente".

En concreto, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el fiscal cesará en sus diligencias "tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".

Por esta razón, y teniendo en cuenta que la causa abierta en el TSJC señala que el objeto de la causa afecta a todos los hechos vinculados con la preparación y celebración del referéndum, se señala que es la magistrada instructora la que tiene que conocer "en exclusiva" todos los hechos vinculados al 1-O y no solo los que afecten a las personas denunciadas, es decir, los miembros del Govern.

Finalmente, el Govern denuncia que se ha vulnerado el "derecho a tener un proceso con todas las garantías" porque habría dos investigaciones paralelas, una a cargo de la autoridad judicial y otra –la de la Fiscalía- en que no se respetarían las garantías constitucionalmente reconocidas e internacionalmente protegidas.

Por todo ello, el president Carles Puigdemont solicita que la magistrada requiera a la Fiscalía Superior de Catalunya a fin de que "cese de forma inmediata la práctica de cualquier diligencia relacionada con la celebración del referéndum" o sobre su realización.