"Estamos consternados y son hechos execrables, pero hace falta prudencia máxima cuando hay menores implicados, y además los hechos están bajo investigación." La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha respondido así al ser preguntada, este martes, si la Generalitat ha tomado medidas a raíz del caso de la menor de 12 años, que estaba bajo la guarda administrativa de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), cuando fue captada el 2020 por una red de pederastas y fue violada, al menos, por seis hombres. El grupo, que usaba las redes sociales para captar menores vulnerables, fue desarticulado por los Mossos d'Esquadra el 2024, y ciertamente, una parte de la instrucción continúa abierta. Sin embargo, este lunes se ha difundido que el fiscal de la sección de criminalidad informática pide 107 años de prisión para el principal investigado, electricista de profesión, que captó y violó a la menor y la ofreció a otros hombres, agresiones que se grabaron. Todo y la elevada pena solicitada, en el Estado español la pena máxima de cumplimiento son 20 años de prisión, si la condena no es por asesinato, delito por el cual se puede condenar a prisión permanente revisable.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía de Barcelona pide que el acusado indemnice a la chica, nacida en el 2007, con 100.000 euros por el grave daño moral causado. En este caso, el Ministerio Público no acusa a la Generalitat como responsable civil subsidiario de las violaciones, ya que en los momentos de los hechos la menor estaba en uno de sus centros, aunque la tutela seguía siendo de los padres, con la madre muy enferma. En estos casos, hay que evidenciar una negligencia grave de la administración para acusar-la. La Generalitat tampoco es acusación en este procedimiento porque no tenía la tutela de la menor. Este caso extremo será juzgado por la Audiencia de Barcelona, aunque todavía no hay fecha.
Investigación abierta
El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona mantiene abierta la investigación de dos piezas más contra el grupo de pederastas. Todo era grabado y difundido, y al principal acusado se le decomisaron centenares de archivos con grabaciones de violaciones y menores agredidos. Los Mossos iniciaron la investigación el 2021 con la denuncia de la menor, y obtuvieron pruebas que el grupo, entre los años 2016 y el 2022, se dedicó a captar menores de edad a través de las redes sociales para ofrecerlos a otros pederastas para que los violaran en un piso del distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Detuvieron a dieciséis hombres e identificaron a catorce. Los sospechosos tienen entre 19 y 50 años, mientras que las víctimas, tanto chicas como chicos, tenían entre 12 y 17 al momento de las agresiones sexuales.
La DGAIA té la responsabilidad de hasta 19.000 menores, 9.000 de los cuales están separados de los padres por protección. La DGAIA ha recibido críticas de padres y familiares, y también de políticos desde que la Sindicatura de Cuentas presentó un informe, en el cual revelaba irregularidades en las adjudicaciones de servicios y recursos de la dirección. El Govern de Salvador Illa anunció ceses en la DGAIA, mientras la oposición ha exigido "más transparencia".