El president Carles Puigdemont ha anunciado que el Govern dejará “sin efectos prácticos” la suspensión de algunos artículos de la ley de emergencia social, y que se redactará una nueva ley de forma inminente que regulará todos los derechos de los catalanes que han quedado suspendidos por el recurso del Constitucional. Puigdemont ha conseguido articular un frente común con el aval de los municipios y las entidades que, eso sí, ya han advertido que estarán vigilantes para no dar ningún paso atrás.

En la cumbre convocada por la defensa de la ley 24/2015, han participado una cuarentena de representantes entre miembros del Govern, partidos políticos y entidades sociales.

Unidad del municipalismo

Los ayuntamientos han tenido un papel destacado con la asistencia de representantes de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y los alcaldes de 12 ciudades: Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Reus, Mataró y Sant Cugat.

Tanto la ACM como la FMC han valorado positivamente la cumbre y han exigido a las entidades bancarias que no rehuyan responsabilidades aprovechando la suspensión parcial de la ley. Los alcaldes no han intervenido ante la prensa pero sí han dicho la suya durante la cumbre. Precisamente, el portavoz de CSQP, Joan Coscubiela, se ha encargado de retransmitir las intervenciones a través de su cuenta personal de twitter.

 

Según la retransmisión de Coscubiela, todos han destacado que los municipios asumen servicios más allá de sus competencias para dar cobertura a las necesidades de los colectivos que están en riesgo de exclusión. El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha instado a los asistentes a llegar a un acuerdo y dejar de lado los reproches, y ha exigido una ley nueva, la creación de una comisión de trabajo y aprobar una partida económica. Una petición, esta última, que también han secundado otros representantes municipales como la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, y la de Barcelona, Ada Colau, que ha pedido que se constituya urgentemente una comisión de seguimiento.  

Más incisivo ha sido el alcalde de Sabadell, Juli Fernández, que ha insistido en la desobediencia. La socialista Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, ha cargado contra el PP y los ha acusado de hacer el doble juego: proteger a los bancos y justificar que haya pisos vacíos y, a la vez, quejarse de la inseguridad ciudadana.

Los partidos políticos

Las críticas de Parlon han tenido rápida respuesta en boca del mismo Albiol. “Los ayuntamientos también tienen margen, señora Parlon,” ha dicho el coordinador general del PP en Catalunya, que ha puesto como ejemplo las políticas de promoción de alquiler social que él impulsó, en el año 2012, cuando no existía la ley en cuestión.

Intervención del coordinador del PP en Catalunya, Xavier Garcia Albiol

A pesar de las discrepancias políticas, el resto de representantes de los grupos parlamentarios han valorado el “tono cordial” de la reunión y la lluvia de ideas en positivo que se ha planteado. “Hay mucho margen para colaborar y ponemos de manifiesto que se pueden hacer muchas cosas desde Catalunya con las competencias que tenemos”, han matizado desde Ciutadans minutos después.

Entidades Sociales

La ley de emergencia social es fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada, entre otros, por la PAH, el observatorio DESC y la Alianza contra la pobreza energética. Su portavoz, Carlos Macias, ha valorado positivamente el tono de la cumbre pero ha reconocido que esperaban salir con medidas concretas.  

Más incisivo ha sido el presidente de la mesa del tercer sector, Oriol Illa, que ha lamentado que los bancos y las empresas energéticas -principales actores de esta crisis- no estén en una cumbre de estas características. 

"Las entidades financieras tienen 47.000 pisos vacíos. No tiene ningún sentido que no desbloqueemos esta situación", ha dicho Illa, quién también ha reclamado que se apruebe un nuevo Pla Nacional de l'Habitatge.