El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha presentado hoy una queja ante la Defensora del Pueblo de la Unión Europea para denunciar el supuesto bloqueo de páginas web los días previos y durante el referéndum del 1-O.
Puigneró ha entrado una en la sede de la mediadora europea en Bruselas, en la cual el Gobierno catalán denuncia la "represión digital y censura ilegales por parte del Gobierno de España" de cara al referéndum.
Apuntan que se produjo el "bloqueo y censura no sólo de páginas web oficiales del referéndum, sino también de otras páginas relacionadas con la causa independentista" tuvieran relación o no con la consulta y afirman que eso vulnera tanto directivas europeas como normas internacionales de derechos humanos.
Puigneró ha explicado que la presentación de una queja ante la Defensora del Pueblo llega después de que el vicepresidente de la Comisión Europea de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, no haya respondido en la misiva que le envió en septiembre del 2017 para denunciar estos mismos hechos.
"Hechos muy graves"
"Pedimos en la UE que posicione sobre unos hechos muy graves", ha manifestado el conseller, que ha confiado en que la carta "tenga efecto" y permita que haya "un posicionamiento formal sobre lo que ha significado la represión digital en nuestro país".
Puigneró se reunirá hoy con un grupo de eurodiputados para explicarlos "más detalles de lo que ha pasado antes y durante el referéndum" y qué normativas europeas consideran que se violaron. El objetivo es que los eurodiputados introduzcan también una pregunta parlamentaria dirigida a Ansip para que, con la Defensora del Pueblo, "obliguen" la Comisión Europea a posicionar.
"La represión digital es inadmisible en Europa en el siglo XXI y por lo tanto no se puede repetir en un país de la UE", ha insistido.
El Govern considera que el cierre de páginas web y aplicaciones en las fechas alrededor al referéndum viola artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la convención Europea de Derechos Humanos, así como partes de las normas comunitarias relativas al acceso a internet y al marco regulador de las comunicaciones electrónicas.