El Secretariado Nacional de la CUP ha convocado un Consejo Político para el sábado para ratificar con la militancia los avances en las negociaciones de presupuestos. Las reuniones entre la formación y la consejería de economía continúan y las negociaciones "están avanzadas y hay varias propuestas sobre la mesa" explican.

Estas propuestas están recogidas en un documento consensuado por las dos partes que la CUP someterá a la consideración de su consejo político para obtener el aval y poder seguir negociando. El acuerdo de estas propuestas fiscales es un hecho que supone un primer paso de cara a intentar que se desbloquee la negociación sobre el conjunto de los presupuestos de 2017 y conseguir que se tramiten las cuentas en el Parlamento.

En cualquier caso, las fuentes del Govern consultadas por Efe aclaran que las propuestas que irán al proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos pueden sufrir más adelante modificaciones e insisten en el hecho de que no hay un compromiso formal por parte de la CUP de dar apoyo a las cuentas, sino una disposición a que los presupuestos puedan debatirse en la cámara catalana.

Aunque no han trascendido los detalles del pacto, fuentes parlamentarias han apuntado que, en principio, la reforma del IRPF y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones –la CUP reclamaba su revisión al alza– no estarían sobre la mesa.

Una de las opciones que sí que se contemplan es aumentar la presión fiscal a las grandes fortunas, ya sea con un impuesto específico, como ha hecho Guipúzcoa aunque Catalunya no tiene actualmente competencias para eso, o mediante el Impuesto de Patrimonio, que todavía continúa prorrogado.

En este sentido, las comunidades tienen la competencia de rebajar el mínimo exento general, cosa que hizo la Generalitat hace algunos años, al recortarlo de los 700.000 a los 500.000 euros, de manera que afectó a un número más alto de contribuyentes con rentas altas.

Recuperar la tasa a las bebidas azucaradas o intentar rescatar el impuesto en los depósitos bancarios son otras opciones en el ámbito fiscal.

Lo que sí que está claro es que la Generalitat incluirá a la ley de acompañamiento de los presupuestos para el 2017, la nueva versión de dos impuestos cuestionados por el Tribunal Constitucional: el impuesto en las nucleares, que el Govern espera que aporte 60 millones, y el de grandes establecimientos comerciales, con el cual se tendrían que recaudar unos 15 millones.

La nueva versión de este último impuesto incluirá los centros comerciales, los concesionarios y las tiendas de muebles, así como los supermercados y establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados ubicados fuera de la trama urbana, que actualmente están exentos del gravamen.