El Govern y los Comuns han acordado destinar 850 millones de euros de recursos propios de la Generalitat a construir vivienda de protección oficial y a financiar alquileres sociales, vivienda cooperativa y rehabilitar el parque inmobiliario catalán. Así lo han anunciado este lunes al mediodía a la consellera de Economía, Alícia Romero, y la líder del grupo parlamentario de los Comuns, Jèssica Albiach, en rueda de prensa. Esta partida se enmarca en los dos suplementos de crédito pactados entre el Ejecutivo de Salvador Illa y sus socios prioritarios, Esquerra Republicana y los Comuns, por la gobernabilidad de Catalunya dada la ausencia de nuevos presupuestos y el mantenimiento de los prorrogados. El acuerdo se tendría que haber presentado el lunes pasado, pero fue postergado por el apagón general.

Además de los millones para construir, el Govern y los Comunes han acordado potenciar el cuerpo de inspectores para hacer cumplir la ley de vivienda y su régimen sancionador. Con dotaciones para que sea un cuerpo "robusto y potente", ha valorado Albiach: unos 60 inspectores antes de junio, que serán 100 antes de acabar el año. También se ha acordado crear una unidad para actuar contra los desahucios, como la que habrían impulsado los Comuns al Ayuntamiento de Barcelona, para ofrecer acompañamiento jurídico, social y mediación con los propietarios y los juzgados. Además, los Comuns han pactado que el Govern haga un informe sobre "racismo inmobiliario", que dificultaría más a las personas racializadas acceder a una vivienda.

El acuerdo entre el Govern y los Comuns también incluye destinar 13 millones de euros para desarrollar la ley de salud bucodental, 10 millones de euros para reforzar la atención a los problemas de salud mental con el foco especialmente puesto sobre los jóvenes y adolescentes; 20 millones de euros para el despliegue de las energías renovables, que propicien energía "más barata y limpia" y atraigan inversiones ante la guerra comercial de Donald Trump, según ha explicado Albiach. La dirigente de los Comuns ha aseverado que los acuerdos de investidura "se tienen que cumplir con presupuestos o sin" y ha aseverado que todas estas partidas se enmarcan en las líneas de prioridades que marcaron el acuerdo para investir Illa.

Ya negocian un tercer suplemento de crédito

Albiach también ha adelantado que ya negocian con el Govern un tercer suplemento de crédito, para el cual ha explicado que sus demandas son en torno a la educación, los derechos sociales, la pobreza infantil y las inversiones territoriales. La consellera Romero se ha mostrado optimista sobre este tercer acuerdo y ha aseverado que trabajan desde hace tiempo con Esquerra y los Comuns para cuadrar cuentas. Los dos suplementos de crédito aprobados suman unos 3.400 millones de euros (unos 2.100 del primero y 1.300 del segundo) que se añaden a los presupuestos prorrogados, y el tercero, ha apuntado Romero, serían unos 500 millones más. El objetivo de este segundo suplemento de crédito ha sido garantizar el funcionamiento ordinario de la administración y los servicios públicos, así como financiar otros gastos de carácter "urgente e inaplazable".

"Repriorizar" el presupuesto

Romero ha valorado positivamente el acuerdo con los socios y ha aseverado que con los Comuns ha sido fácil el acuerdo porque los temas abordados "van en la línea de las prioridades del Govern: renovables, vivienda y salud". Sobre los recursos limitados que supone maniobrar sin presupuestos, la consellera de Economía ha aseverado que lo que hay es el total de 4.000 millones de euros disponibles que se incluyen en los suplementos de crédito y que "no hay más". Por eso, ha explicado que el Govern insta a los consellers a "repriorizar" las partidas, poniendo por delante lo que se ha acordado con ERC y los Comuns, y así dejar para otros años lo que no sea eso. "Queda claro que tenemos 42 diputados y necesitamos 68", ha sentenciado Romero, señalando que el Gobierno monocolor del PSC se encuentra en minoría parlamentaria y tiene que negociar con otros grupos.