El Govern ha aprobado en la reunión de hoy la prórroga de los presupuestos del 2021. Después de semanas de negociaciones, el ejecutivo solo ha conseguido sumar el apoyo de los 8 diputados de En Comú Podem y no dispone de suficientes votos para sacar adelante las cuentas del año próximo, por lo cual, mientras mantiene abiertas las conversaciones con PSC y Junts, ha tenido que aprobar el decreto que fija los criterios de aplicación de la prórroga presupuestaria.

A partir del 1 de enero, quedarán prorrogados los presupuestos del 2022, y se mantendrán así hasta que se consiga sacar adelante el nuevo proyecto. "Esperamos que no se alargue ni un día más del necesario. No hay a día de hoy ningún elemento lo suficientemente sustancial que impida cerrar un acuerdo en los próximos días", ha advertido a la portavoz, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Ejecutivo. No obstante, tanto PSC como Junts han enfriado las expectativas sobre un acuerdo inmediato, por lo cual esta situación se podría alargar, dado que una vez se consiga pactar un proyecto y se apruebe en el Govern, el proceso de tramitación en el Parlament comporta un mínimo de 45 días.

Desde el momento en que se rompió el acuerdo de coalición con Junts, el ejecutivo catalán admitió que resultaría muy difícil aprobar los presupuestos dentro del plazo para que entraran en vigor el 1 de enero. De hecho, el año pasado fue la primera vez en 11 años en que se aprobó los presupuestos dentro del plazo. La aprobación de aquel proyecto elaborado por el entonces conseller de Economía, Jaume Giró, prosperó con el apoyo de los diputados de ERC y Junts, socios en el ejecutivo, y los comuns.

También hoy, el Govern ha aprobado las modificaciones técnicas al impuesto sobre el Patrimonio para equipararlo con el nuevo tributo del Estado a las grandes fortunas. La aprobación se ha hecho a través de un decreto ley y su vigencia está vinculada a la existencia de los nuevo impuesto estatal, que inicialmente es de dos años. Desde Economia se subraya que en caso de que no se hicieran estas modificaciones la Generalitat de Catalunya podría perder recaudación en favor del Estado.

 

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