Con el Govern de Pere Aragonès dispuesto a acabar la legislatura a pesar de su minoría parlamentaría, los presupuestos para el 2024 se han convertido en un elemento clave. Si el Ejecutivo consigue aprobar las cuentas por el próximo año, llegará hasta 2025, cuando si no hay ningún adelanto electoral, se tienen que celebrar los nuevos comicios. Con 33 diputados, sin embargo, Aragonès está obligado a buscar de nuevos socios, una tarea que no parece fácil: en su primer año como presidente y con Junts todavía dentro del Govern, la coalición pactó las cuentas elaboradas por el todavía conseller Jaume Giró con los comuns, a cambio, a su vez, que los republicanos votaran a favor de los presupuestos del Ajuntament de Barcelona con Ada Colau al frente y después de que Ernest Margall se hubiera negado. Con la salida de Junts del Govern de Aragonès en octubre del 2022 y con el cambio en la conselleria, de Giró a Natàlia Mas Guix, Esquerra tuvo que buscar una alternativa. Aunque también se negoció con los juntaires, estas conversaciones no llegaron a buen puerto y el Parlament acabó aprobando las cuentas el mes de marzo con el apoyo del PSC y los comunes y entre reproches de Junts y la CUP, que ni siquiera aceptó una primera ronda de contactos con el departamento.
El Hard Rock tensa las negociaciones: imprescindible para unos, línea roja para otros
Este año, el Govern tendrá que volver a buscar socios y encontrar equilibrios, ya que esta última acuerdo entre los partidos de izquierdas parece complicada de repetir ya que lo que es una línea roja para|por los comunes es una exigencia para el PSC: el Hard Rock. La CUP, que este año sí que se ha abierto a negociar con Economía para dar una "última oportunidad" a Aragonès a partir de un marco de mínimos, se sitúa en este sentido en la misma órbita que los de Jéssica Albiach, reclamando enterrar este proyecto que se situaría en terrenos de Vila-seca y Salou y que consideran incompatible con un Govern de izquierdas. El año pasado, al PSC lo incluyó junto con otras infraestructuras como la construcción de la B-40 en su acuerdo con el Govern, que tardó meses a llegar, y ahora reclaman a los de Aragonès que si quieren contar de nuevo con el apoyo de sus 33 diputados tienen que cumplir con su palabra: sin Hard Rock no habrá presupuestos, han dicho los socialistas en reiteradas ocasiones.
El 1 de febrero de este 2023 se certificó el acuerdo por los presupuestos entre el Govern y el PSC, que incluía estos y otros grandes proyectos que los republicanos y el mismo Pere Aragonès habían rechazado anteriormente. Aquel pacto contaba con dos documentos, uno donde figuraban compromisos en diferentes materias y en el otro se establecía también un compromiso para aprobar el Hard Rock, el tramo de la B-40 entre Sabadell y Terrassa y también, aunque no de forma explícita, la ampliación del aeropuerto del Prat. Salvador Illa y otras voces del PSC se han quejado reiteradamente de la falta de cumplimiento en algunos de estos proyectos y han ido advirtiendo desde hace semanas que no negociarán los presupuestos del 2024 si no se cumple el acuerdo del 2023.
A pesar de este acuerdo entre el PSC y el Govern, los comunes no se desdijeron al principio del 2023 de su pacto para los presupuestos. Ahora, sin embargo, han manifestado que el Hard Rock es una línea roja para sus nueve diputados. Desde de ERC han ironizado sobre este cambio de opinión de los de Jéssica Albiach, con la portavoz del partido, Raquel Sans, asegurando que a los republicanos "les cuesta entender" este cambio. Desde Esquerra siempre han asegurado que este es un proyecto del PSC y no suyo, que además, cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlament.
El Govern promete cumplir con los acuerdos
Con todo, la consellera de Economia, Natàlia Mas Guix, ha asegurado ante las presiones de la CUP y los comunes para que el Ejecutivo entierre el proyecto de la discordia que los presupuestos no "incorporan ninguna partida vinculada" al Hard Rock, como en el caso del 2023. Desde la Generalitat defienden que su voluntad es cumplir con los acuerdos pero siempre subrayando que no se destinará dinero público a estas obras. Así, mientras el PSC reclama que se apruebe la modificación del plan director urbanístico que permita empezar con la construcción del Hard Rock, desde Govern mantienen que se tienen que esperar en los informes medioambientales para darle luz verde. En octubre del 2022 Acción Climática hizo un informe desfavorable que impidió que se aprobara el proyecto y desde entonces, no ha habido cambios.
Junts también vuelve a escena
El Hard Rock, sin embargo, no solo es una propuesta del PSC. Junts también incluía este proyecto dentro de sus exigencias para los presupuestos para el 2023, aunque finalmente se desmarcó del Govern, criticando que estos eran "insuficientes" y que no acercaban en ningún sentido el país hacia la independencia. Al mismo tiempo, los de Turull reclamaban a finales de diciembre del 2022 que las cuentas también incorporaran una revisión del impuesto de sucesiones, que ERC siempre ha rechazado, y bajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas más bajas. Aunque el Departament todavía no ha hecho pública su propuesta de presupuestos, la portavoz del Govern Patrícia Plaja avanzó que esta incluye una rebaja del primer tramo del IRPF en los contribuyentes con rentas anuales de hasta 33.000 euros, que coincide con lo que el año pasado Junts reclamaba al Ejecutivo. Antes de la reunión que mantuvieron el pasado jueves en el Parlament que sirvió como toma de contacto, los juntaires ya celebraban el "giro" del Govern respecto de una posible rebaja de impuestos a las rentas bajas: "Lo propusimos hace un año y nos dijeron que no", señalaba el portavoz de Junts, Josep Rius. Los comuns y el PSC, también candidatos a pactar con el Govern, ven igualmente con buenos ojos la propuesta.
En las últimas semanas se han empezado a producir las reuniones entre representantes de los grupos parlamentarios y del Govern por la negociación de las cuentas, sin conocer la propuesta de Economía. Estas empezaron con un primer encuentro con el PSC, que ya ha fijado muy claramente su posición, y continuaron con los comunes y la CUP. Los dos partidos de izquierdas también fueron claros en sus exigencias y los cupaires han criticado la poca concreción del Govern en las primeras conversaciones. El viernes pasado, de hecho, se produjo la segunda reunión entre el Ejecutivo y en Común Podemos, pero todavía sin ningún tipo de avance, especialmente por el escollo del Hard Rock, que con los planteamientos actuales parece difícil de resolver. Además, también se han quejado, como los socialistas, de su falta de cumplimiento de los pactos, aunque en su caso en materia de inversiones en salud, vivienda y planificación ecológica.
Con Junts, el jueves tuvo lugar la primera reunión donde participaron, entre otros las conselleres Laura Vilagrà y Mas Guix por parte del Govern, y la portavoz del grupo parlamentario de Junts Mònica Sales acompañada de los diputados Joan Canadell y Jordi Munell como representantes de los de Jordi Turull. Son ellos quien, tras conocer las líneas generales de los presupuestos que les dibujó el equipo del Govern ahora se encargarán de analizar la información y les harán llegar una propuesta, probablemente durante esta misma semana. En su caso, no pueden saldar cuentas con el año pasado, ya que se desmarcaron del que tildaron como un acuerdo "autonomista" y que enterraba la mayoría del 52% independentista. En todo caso, esta parece también, difícil de recuperar para aprobar las cuentas, ya que desde Junts siempre se han situado a la mayoría parlamentaría que defiende el Hard Rock, mientras que desde la CUP reclaman a Aragonès enterrarlo y dar un giro hacia la izquierda. El objetivo del Govern es que una vez tengan el informe técnico de los presupuestos la negociación sea rápida y ágil, aunque con estos planteamientos parece complicado. Sea como sea, la única certeza es que el 2024 empezará con los presupuestos prorrogados.