El Gobierno ha reaccionado en el anuncio de Carles Puigdemont sobre que se apartaría provisionalmente de la posibilidad de ser investido por el Parlament –señalando así a Jordi Sànchez como el posible candidato de Junts per Catalunya– celebrando que sea la mediación de la Moncloa fuese lo que habría impedido que volviera a ser president legalmente.
"Después de mes y medio, Puigdemont asume que no será presidente de la Generalitat, lo que no hubiera sido posible sin la determinación del Gobierno de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir esta burla a la legalidad vigente", dicen fuentes de la Moncloa. Eso pasa después del recurso preventivo que presentó el ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, que se posicionó en contra de una investidura a distancia o por delegación.
El hecho es que el gobierno de Mariano Rajoy vuelve a instar una vez más, "cuanto antes", a un president de la Generalitat "en condiciones de gobernar esta comunidad y atender debidamente a la gestión de los asuntos que interesan a los ciudadanos", indican. A la sazón, Rajoy se posicionó de forma muy clara los últimos días, afirmando incluso que este candidato tenía que ser "sin asuntos judiciales", es decir, que ni Sànchez ni Oriol Junqueras parecían buena opción.
Finalmente, las fuentes consultadas señalan que el ejecutivo "seguirá velando por el respeto a la legalidad, incluso por el uso correcto del dinero público. Un fugado de la justicia no vivirá a costa del erario público", sentencian. La información es reveladora porque en la Moncloa aseguraban el pasado 22 de febrero que no tenían información sobre cómo Puigdemont está financiando su estancia en Bruselas o si dispone de fondos públicos para sufragarla.