El Gobierno hace días dejó de opinar sobre todo aquello relativo a las acciones de un Govern y sus consellers que Mariano Rajoy cesó con la aplicación del 155 hace más de 10 días. La misma reacción se produjo con la rueda de prensa de Carles Puigdemont desde Bélgica, y también, con el encarcelamiento del vicepresident Oriol Junqueras y siete exconsellers este jueves. "No se comentan las actuaciones judiciales. Se respetan y se acatan", decían fuentes de la Moncloa consultadas por El Nacional sobre la opinión que les generaba medida cautelar de prisión dictada por la jueza Carmen Lamela.
"En España existe la sepración de poderes. Cualquier ciudadano está obligado a dar explicaciones a la justicia y acatar las decisiones de los jueces", zanjaban fuentes del Partido Popular, en la misma línea que el ejecutivo central.