La Fundación Nacional Francisco Franco hace tiempo que está en el punto de mira del Gobierno. Según The Objective, La Moncloa ha empezado a estudiar a través del Protectorado de Fundaciones la aplicación de la ley de memoria democrática para acabar con esta entidad que alaba la figura del dictador. El Protectorado no solo estaría estudiando la aplicación de esta ley para esta fundación, sino para otras que también pueden ser susceptibles de ser cerradas. Por su parte, Juan Chicharro, presidente de la fundación, ha advertido que acudirán a los tribunales para evitar el cierre de esta.

🟡 La ley de memoria democrática española 2022: trampas y ambigüedad

Según el digital, a fin de que se pudiera ordenar el cierre de la entidad, haría falta que el Ministerio de Cultura hiciera una solicitud de ilegalización ante los juzgados, que serán quien avalen la decisión. Es decir, el Gobierno no puede acabar con la fundación de forma unilateral, ya que no cuenta con esta potestad.

El objetivo del estudio inicial que se está haciendo desde el Protectorado es aclarar si esta y otras fundaciones son susceptibles de desaparecer por realizar apología del franquismo, enaltecer el golpe de Estado y la dictadura, así como humillar a las víctimas. En caso de que se demuestre que es así, según lo reconoce la nueva ley, estas entidades podrían desaparecer. Sin embargo, este no sería un proceso rápido, por lo cual, la Fundación nacional Francisco Franco todavía tiene días por anticipado.

La ley de memoria y el Valle de los Caídos

La ley de memoria democrática prevé que los monjes benedictinos que habitan en Cuelgamuros abandonen el Valle de los Caídos. Aunque así lo recoge la ley, los religiosos no están de acuerdo. Los últimos meses, se habrían estudiado varias soluciones para cuando los monjes abandonaran el Foso, sin embargo, ninguno habría seducido a los benedictinos, que optarían por mantenerse en pie de guerra.

Si bien las opciones de futuro por esta comunidad religiosa siguen sobre la mesa, antes de emprender el camino hacia su nuevo hogar lejos del Valle de los Caídos pasará por los juzgados. Los monjes no descartan acciones legales contra Patrimonio Nacional y contra la misma ley de memoria democrática, la cual declara extinta la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, justamente lo que los empuja a abandonarlo.

Los benedictinos estarían preparando un pleito por impago de las cuotas destinadas a la mencionada fundación y una cuestión de constitucionalidad sobre la norma que prevé cambiar el nombre del Valle, así como su conversión en un espacio de memoria. Además, no se descartaría la posibilidad de denunciar su marcha como una violación del derecho fundamental de la libertad religiosa.