La crisis migratoria por la llegada masiva de personas en cayucos senegaleses a las costas canarias y las quejas reiteradas del presidente del gobierno de las islas, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), han empujado al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas que sean necesarias para obligar a las comunidades autónomas a acoger menores migrados no acompañados. A fecha de hoy, la acogida de menores migrados es opcional y depende de la solidaridad de las autonomías, porque la tutela depende solo de las comunidades autónomas adonde llegan los menores. Pero el gobierno de Pedro Sánchez considera que la presión migratoria que viven las Canarias, que en este momento acogen a más 4.500 niños y adolescentes migrantes, hace insostenible mantener la actual situación; por ello ha decidido actuar, según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para que esta solidaridad sea obligatoria. El debate sobre la inmigración y la ordenación territorial, pues, está servido, ya que al final cualquier cambio legislativo deberá ser aprobado por el Congreso y deberá contar con el visto bueno de las comunidades autónomas.
Hay que modificar la ley del menor
Para llegar a este punto, sin embargo, el ejecutivo tendrá que empezar por modificar la ley del menor, tal como admitió la ministra Elma Saiz, que este martes se reunió con Fernando Clavijo en la sede de la presidencia de gobierno de Canarias durante la visita de la ministra a la isla de Santa Cruz de Tenerife. La intención del Gobierno es aplicar en España el mecanismo aprobado en toda la Unión Europea, que hace que cada país esté obligado a acoger a un cierto número de personas. La intención del Gobierno es que el cambio de ley dependa del Ministerio de Juventut e Infancia, al que corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de juventud y protección del menor, y que desde el pasado noviembre depende de la ministra Sira Abed Rego. Así, cuando el Gobierno haya concretado la propuesta de la modificación de la ley del menor, esta deberá pasar por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesitará los votos de Junts y Esquerra, que siempre han reivindicado que el Govern debería tener el control de la inmigración en el territorio catalán y decidir sobre los flujos migratorios.
En el caso de los migrantes adultos y de los menores acompañados de las familias, forma parte de un sistema integral que depende de Migraciones, y si las comunidades a las que llegan los migrantes no disponen de suficientes plazas de acogida, estas personas son derivadas a otras comunidades que tengan recursos o plazas disponibles. En los últimos meses, el Gobierno ha trasladado del archipiélago canario a la Península a 14.000 personas que llegaron de forma irregular a las islas. Hasta el pasado 30 de noviembre, habían llegado irregularmente a las Canarias 35.410 personas, lo que supone un 134% más que el año pasado. Han sido repartidos por las distintas comunidades autónomas en función de las plazas disponibles.
Catalunya, la tercera comunidad que más acoge
Según publica La Vanguardia, Catalunya es la tercera comunidad autónoma que más niños y adolescentes migrados no acompañados acoge (1.337), por detrás de Andalucía (1.707), que queda lejos de los 4.521 que tiene Canarias bajo su tutela, que suponen casi el 40% del total de todo el Estado. En el ranking, el País Valencià figura en cuarta posición (1.016) y a continuación la siguen el resto de comunidades, que están por debajo del millar de migrados: Madrid (849), el País Vasco (667), las Balears (319), Castilla y León (295), Melilla (276), Murcia (240), Ceuta (221) y Galicia (209). Por el contrario, las autonomías con menos acogidos son La Rioja (10), Cantabria (34), Extremadura (53), Asturias (64), Aragón (125), Navarra (133) y Castilla-La Mancha (143).