La pelota, en el tejado de los tribunales. El Gobierno ha expresado hoy que, por ahora, no pedirá al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la ejecución de la sentencia que obliga a todos los centros educativos de Catalunya modificar su modelo lingüístico y aplicar un 25% de clases en castellano, que validó el Supremo. El lunes expiraba el plazo para pedir la ejecución de la resolución. Lo han pedido distintas entidades españolistas, que ahora el TSJC tiene que resolver si tienen legitimación para solicitarlo. Inicialmente, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, era el único legitimado, ya que es quien, con el gobierno del PP, interpuso la demanda en la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC. El Ministerio de Justicia, de quien depende la Abogacía del Estado, ha comunicado hoy a ElNacional.cat que quien tiene la respuesta es el Ministerio de Educación, que, por su parte, ha respondido: "Una vez la Generalitat se dirigió el 25 de marzo pasado al TSJC, corresponde al tribunal emitir su opinión con respecto a lo manifestado por el conseller. Por lo tanto, estamos en tiempos judiciales".
El portavoz del ministerio se refiere al escrito que el viernes pasado envió el Departament d'Educació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en el cual indica que la respuesta a la aplicación de la sentencia del 25% de castellano será un decreto de régimen lingüístico con el cual se pretende "fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana y dotar de mayor seguridad jurídica a los proyectos educativos de los centros", según informó el conseller de Educació, Josep González Cambray. En concreto, se expone que "las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, estarán contempladas en los proyectos lingüísticos de centro con el fin de alcanzar el pleno dominio, tal como determina la Ley 12/2009 y la Disposición adicional 38.ª de la Ley orgánica 3/2020". Y detalla que el 22 de marzo el Departament d'Educació ha llevado a cabo la comunicación al Govern sobre la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo de Catalunya. El decreto no estará hecho, sin embargo, antes de un año.
Requerimientos
Y, mientras el Gobierno no mueve ficha, la sección quinta de la sala contenciosa del TSJC acumula peticiones para que ejecute la resolución del 2020. Destaca una asociación de la Guardia Civil, que, además, exige una indemnización. Paralelamente, la misma sección quinta del TSJC tiene que resolver las demandas cruzadas por la aplicación del 25% de castellano en una clase de P5 de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. En la demanda, una treintena de familias exponen que se sienten agravadas porque solamente por una familia se tiene que aplicar este cambio lingüístico. También reclaman al TSJC que justifique por qué ha fijado un 25% y no otro porcentaje, sin hacer referencia a ningún estudio o informe lingüístico.
Además, Educació también informaba el TSJC del acuerdo entre los partidos de ERC, En Comú Podem, el PSC y JuntsxCat para modificar por vía de urgencia una proposición de ley de modificación de la Ley 1/1998, de Política Lingüística, y de la Ley 35/2010, que hoy se ha aplazado ante la oposición levantada. Las manifestaciones contra la sentencia del 25% de castellano han sido multitudinarias.