El Gobierno ha enviado un requerimiento al Govern para negociar sobre el retorno de las pagas extras del 2013 y 2014 acordado con los sindicatos de la función pública y "evitar el recurso de inconstitucionalidad", según ha adelantado La Vanguardia.

Según la carta que el ministerio de Política Territorial y Función Pública ha enviado al Govern, Madrid ve "determinadas discrepancias" en los artículos 1 y 2 del decreto ley de la Generalitat y pide hablar en el marco de la bilateral para abrir una "cooperación para evitar el recurso de inconstitucionalidad".

Fuentes del ministerio de Meritxell Batet han asegurado que se trata de una cuestión "técnica" y que se podrá resolver llegando a un "acuerdo interpretativo". Por su parte, fuentes del Govern han insistido en que el decreto ley "es legal" y que se mantendrá "firme en la defensa de los derechos de los trabajadores", ya que el posible recurso al TC "supone un agravio importante contra los derechos económicos de los trabajadores públicos y un agravio comparativo a los trabajadores públicos del Estado", que ya han recibido sus pagas extras íntegramente, según recuerdan. La posición oficial del Govern sin embargo, quedará definida en el primer Consejo Ejecutivo después de las vacaciones de Semana Santa.

El Govern dejó de pagar las dos pagas extras anuales del 2012, 2013 y 2014 a raíz de la crisis económica y no fue hasta el 2016 que, después de un acuerdo con los sindicatos de la función pública, empezó a devolver de forma íntegra las pagas del 2012 a lo largo de tres años: el mismo 2016, 2017 y 2018.

En cuanto a la paga del 2013, en diciembre del año pasado, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública acordó con los representantes de los trabajadores devolver las pagas de aquel año y en el 2014 en un plazo máximo de cuatro años. El compromiso es que este 2019 el Govern abone el 40% de la del 2013 (un 10% ya se ha devuelto los primeros meses de este año).

Hace pocas semanas, el Govern aprobó un suplemento de crédito de 814 millones de euros mediante un decreto ley para hacer frente, entre otros, a las pagas pendientes y a los gastos ordinarios del día a día. El pasado 10 de abril, el Parlament lo validó con los votos de JxCAT y ERC y la abstención del resto de formaciones.

Por su parte, el vicepresidente y conseller de Economia i Hisenda, Pere Aragonès, y el conseller de Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, han denunciado este jueves que el gobierno del PSOE "quiere impugnar" al Tribunal Constitucional el retorno de las pagas extras al funcionarios. El ejecutivo socialista "hace lo que no se atrevió el PP", ha lamentado Aragonès, defendiendo el pago de las "extras pendientes a maestros, médicos, mossos y trabajadores públicos".

Puigneró, encargado de la función pública en el Govern, ha lamentado que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiera invalidar el decreto y ha insistido en que la Generalitat "defenderá los derechos sociales y laborales de los catalanes".