Mientras en Catalunya la polémica en torno a las escuchas sobre una presunta conspiración con respecto a CDC y ERC sacude a partidos y ciudadanos, en Madrid el Gobierno se lava las manos. El foco de los partidos estatales es centrarse en la recta final de la campaña, a menos de 72 horas hasta que los electores acudan a las urnas el 26-J. Ante esa tesitura, el Partido Popular (PP) prefiere quitarle hierro al asunto, esperando que no le perjudique en la campaña esta "broma" como califica el presidente en funciones, Mariano Rajoy, la posibilidad de una conspiración independentista.

Como jefe del Gobierno, Rajoy desvía la atención del suceso hacia lo que él considera el foco del asunto: saber de dónde han salido las escuchas. "Esto es lo que hemos ordenado investigar y creo que tenemos posibilidades reales de llegar a saber quién ha hecho este tipo de grabación", ha indicado el presidente en funciones desde Huelva, parada de este jueves en el calendario de campaña electoral. A su juicio, el papel institucional no le permitiría especular sobre el origen de unos audios "que a ratos no se escuchan muy bien", preservando la prudencia antes de que se abra una investigación.

Sin embargo, esa dualidad entre ser el inquilino de Moncloa -al par que candidato a la presidencia- se rompe, ante la confesión sutil de un silencio electoralista. Mientras la oposición le pide la dimisión del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, Rajoy mantiene la técnica empleada en últimas ocasiones de no moverse mucho, como fórmula con que amortiguar cualquier coste sobre el suceso. "Esta historia no producirá ningún efecto en ninguna campaña", ha dicho, afirmando que lo "preocupante" es rebelar un caso de hace dos años en plena carrera electoral.

Pero en un momento en que en C 's se lanzan a la piscina con el discurso de la persecución del castellano, o el PSOE andaluz habla de los "privilegios de Colau" el PP banaliza la "curiosa teoría" de que sea una conspiración independentista. "Acusarnos de hacer una conspiración anti-independentista al jefe de la Oficina Antifrau, que fue nombrado por dos tercios del Parlament catalán, y al ministro del Interior, no deja de ser una broma", ha afirmado. En su opinión, la oposición -PSOE, Ciudadanos y Podemos- estaría usando el hecho y exigiendo responsabilidades para sacar rédito en las urnas.

No es la primera desviada de atención del presidente en funciones desde que el caso ha emergido a la luz pública. Este miércoles Rajoy anunció que se quería generar un "problema donde lo hay", después de que se supiera a través de los audios que él podría tener constancia de los hechos. El partido cerró filas detrás de su líder, sosteniendo la tesis del "victimismo" de los partidos catalanes y la negativa a ser investigados por delitos de corrupción, como procede de acuerdo con la labor de la Oficina Antifrau, según informó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

Las palabras de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, también han apuntado este viernes la teoría de un posible interés de aquellos que están siendo investigados por la consulta del 9-N, "pretendiendo" que se paralicen los procesos judiciales. Así es como el Gobierno español se lava las manos, intentando minimizar la posibilidad de ser penalizado en las urnas y rebotando las culpas a quien grabó los audios, mientras las horas pasan y el diario Público.es sigue rebelando cables comprometedores para las partes implicadas.

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